
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró hace tres semanas que en el plazo de diez días ofrecería las explicaciones oportunas sobre el origen de las joyas que la Policía Nacional incautó en la caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz. Aquella promesa, que recordó a la rueda de prensa a la que se comprometió el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tras conocerse el informe de la UCO que motivó su imputación y que nunca ha llegado a celebrarse, dio oxígeno al Gobierno durante unos días más. Desde entonces, el Ejecutivo se ha aferrado a que Zapatero daría todas las explicaciones y, que cuando lo hiciera, quedaría despejada cualquier duda sobre su inocencia.
Sin embargo, el plazo ha expirado con creces y el expresidente continúa sin aclarar la procedencia del botín de joyas. Mientras tanto, el Gobierno intenta mantener la compostura, consciente de que sostener su defensa puede acabar pasándole factura política. El Ejecutivo evita aclarar si conoce las explicaciones que Zapatero prepara para justificar el origen de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, y en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha optado por esquivar las preguntas de los periodistas sobre este asunto.
"Normalidad absoluta conforme no solo a la ley, conforme a la costumbre y a la normalidad que se persone la Abogacía del Estado", ha respondido el ministro Félix Bolaños, desoyendo la pregunta sobre la falta de explicaciones de Zapatero y limitándose a responder sobre la personación de la Abogacía del Estado en la causa al figurar Hacienda como perjudicada, dado que Zapatero está imputado, entre otros delitos, por presuntos delitos fiscales y de contrabando.
La misma estrategia ha seguido la ministra Elma Saiz. "El señor Zapatero tiene el derecho a su legítima defensa y evidentemente habrá que respetar sus tiempos y eso es lo que tengo que decir en ese sentido", ha apostillado la portavoz del Gobierno al ser repreguntada por la misma cuestión.
Mientras públicamente el Ejecutivo guarda silencio, en privado varios miembros del Gobierno reconocen que mantienen contacto con el expresidente, aunque aseguran que desconocen cómo está preparando su estrategia de defensa. Fuentes gubernamentales insisten en que no actúan como portavoces de Zapatero y reivindican su derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, así como el respeto a su derecho de defensa y a los tiempos que decida marcar.
En ese contexto, en Moncloa sostienen que no tienen prisa por conocer las explicaciones sobre las joyas, pese al evidente desgaste político que el caso está provocando al Ejecutivo. Confían en que Zapatero acabe ofreciendo su versión de los hechos y defienden la paciencia como única estrategia mientras el silencio del expresidente sigue alimentando la presión sobre el Gobierno.

