Los tres agentes de los Mossos d'Esquadra que fueron investigados por ayudar y proteger a Carles Puigdemont en su "incursión" en Barcelona del 8 de agosto de 2024 (durante la sesión de investidura de Salvador Illa) serán finalmente juzgados porque incumplieron su deber de perseguir delitos al no detener al exgolpista prófugo sobre el que pesaba (y pesa) una orden de detención en territorio nacional emitida por el Tribunal Supremo.
El mismo día que Jordi Pujol Soley fue exonerado del juicio en la Audiencia Nacional, el pasado 27 de abril, la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, María Antonia Coscollola, decidía el archivo de la causa contra los tres mossos.
Jordi Rodrigo, Xavier Manso y David Goicoechea, los mossos en cuestión, estaban con Puigdemont, pero no de servicio. "Uno se hallaba de baja por enfermedad y en cuanto a los otros dos, uno estaba de permiso y el otro de vacaciones", detalló la juez en su resolución de sobreseimiento.
Según la magistrada, "no se ha podido constatar que los tres agentes de los Mossos investigados realizaran actos conjunta y coordinadamente para evitar la detención y posibilitar la fuga del señor Puigdemont". En la resolución se insiste en que "no existen indicios suficientes para poder afirmar que existiera un vínculo entre ellos encaminado a conseguir dicho objetivo, ni que con este fin cada uno de ellos hubiera asumido una tarea propia y complementaria, dentro del conjunto de las actuaciones".
Omisión del deber de perseguir el delito
Los magistrados Pablo Díez, Ana Rodríguez Santamaría y Gemma Garcés de la Sección Séptima de la Audiencia de Barcelona han revocado el auto de archivo, tal como pedían la Fiscalía y las acusaciones, que ejercen Hazte Oír y Vox. Según la nueva resolución, a los mossos no se les puede imputar el delito de encubrimiento, pero sí el de omisión del deber de perseguir el delito sin que estar fuera de servicio suponga exención alguna.
Los tres agentes son defendidos por los letrados Gonzalo Boye, que también es el abogado de referencia de Puigdemont, e Isabel Elbal, pareja de Boye. Un año después de la segunda fuga de Puigdemont, la Generalidad levantó la suspensión de empleo de los tres mossos que asistieron al dirigente golpista.