Lo primero que cabe decir de la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que ha condenado por prevaricación a nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, y a 18 años de inhabilitación a Miguel Ángel Gallardo, ex presidente socialista de la Diputación de Badajoz, es que es bastante más leve que las penas de hasta seis años de prisión, que fue la petición definitiva formulada por seis de las siete acusaciones populares. Aun así, y a pesar de que el Tribunal no considera probado el tráfico de influencias, que es el que conlleva la pena de prisión, los jueces sí consideran probado que los acusados "actuaron de consuno, en connivencia, en ejecución de un plan preconcebido, con unidad de acción, para pergeñar los actos arbitrarios ya expuestos con el designio de favorecer a Don David Sánchez Pérez-Castejón", arbitrariedad que se manifestó en "la urgente creación de una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido, alzaprimando el interés particular de su futuro adjudicatario sobre el interés general, estableciendo unas condiciones laborales y retributivas propias del personal de alta dirección y concediendo dicho puesto a Don David conculcando los principios de mérito y capacidad, con opacidad e irregularidad en la tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos".
Ni que decir tiene que el presidente del gobierno no piensa dimitir por mucho que una condena como esta le hubiera costado el cargo a cualquier presidente democrático del mundo. Es más. El PSOE ni siquiera ha expulsado del partido a Miguel Ángel Gallardo. Aun así, lo más grave de todo son las poco veladas acusaciones de prevaricación que el gobierno ha lanzado contra los jueces por boca del ministro de transportes Óscar Puente quien ha llegado a relacionar esta sentencia con "la finalidad de derribar un gobierno ante la incapacidad de hacerlos por las urnas".
Al margen de que lo manifestado por Óscar Puente podría ser constitutivo de un delito de calumnias, cabe señalar que aquí las únicas formaciones golpistas son aquellas con las que el PSOE pactó para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Es más. Hasta esta legislatura los socios separatistas de Sánchez eran los únicos que se atrevían a lanzar proclamas golpistas —estas sí— como la de que los tribunales españoles practicaban lawfare (léase prevaricación judicial) por razones políticas, proclamas que tratan de desestabilizar nuestra democracia y Estado de derecho y que, con independencia de su reproche penal, ha hecho suyas Óscar Puente.
Y es que una cosa es que haya numerosos procedimientos judiciales que apuntan al gobierno como si de una organización mafiosa se tratara y otra, muy distinta, que un ministro como Óscar Puente se sienta en la obligación de desempeñar —salvando las distancias— el papel de Luca Brassi. Y es que no contento con los exabruptos, posiblemente delictivos, lanzados contra los jueces de la Audiencia de Badajoz, Óscar Puente se ha permitido amenazar –"No pienses que te va a salir gratis"— al líder de la oposición Alberto Nuñez Feijóo, a quien también se ha permitido insultar llamándole "incapaz y cobarde".
Lo que es evidente es que nadie está por encima de la Ley en un Estado de derecho y que el Gobierno hace caso omiso a las numerosas advertencias que le han hecho desde la Unión Europea. Tan evidente como que este Gobierno sí se cree que lo está y que esa es la razón, precisamente, por la que trata de debilitar nuestro Estado de derecho arremetiendo contra nuestro Poder Judicial.