Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho adiós a su abogado hasta ahora: Antonio Camacho. Lo ha hecho de cara al inminente juicio con jurado popular al que tendrá que someterse.
La nueva elección: un prestigioso y selecto penalista mallorquín, Jaime Campaner. La causa: no solo el futuro de Begoña Gómez, más que complicado, sino también el del propio Sánchez, que ve con temor una posible sentencia condenatoria que incluya menciones a su papel como catalizador de las influencias de su mujer. Y es que, con la cantidad de frentes judiciales abiertos en el PSOE y el Gobierno, una mera insinuación judicial de que Sánchez tuvo que ver en los enchufes de su mujer podría terminar de animar a una imputación del propio presidente del Gobierno en algunos de los casos en instrucción.
La preocupación por la marcha del juicio contra Begoña Gómez no se limita a la mujer del presidente del Gobierno. Igual que la imputación de Begoña Gómez terminó de convencer al PSOE y al propio Sánchez de la necesidad de impulsar definitivamente la cloaca del psoe de Santos Cerdán y Leire Díez, ahora, el juicio a la mujer del presidente ha llevado a adoptar medidas decididas desde La Moncloa. Y una de ellas ha sido el cambio de abogado.
Los motivos
"La elección de Antonio Camacho como abogado fue ya una cuestión compartida con el presidente. Y, ahora, su cambio, vuelve a serlo por motivos obvios", señala una fuente conocedora de las deliberaciones sobre la marcha del caso de Begoña Gómez. "El presidente confiaba en que no se llegase al juicio… y eso no ha ocurrido. Y la primera cabeza en caer, por supuesto, ha sido la del abogado", añade la misma fuente.
La preocupación de fondo no es otra que el hecho de que, tanto el juez Peinado, como la Audiencia Provincial de Madrid, no han dejado de realizar menciones a la presión, directa o indirecta, expresa o tácita, que la figura del propio Sánchez puede haber ejercido en el trato logrado por Begoña Gómez en la cátedra, la Universidad Complutense de Madrid, el uso de una asesora de Presidencia del Gobierno, etc. Traducido: Sánchez tiene miedo a una sentencia condenatoria y a un fallo que mencione su órbita de influencia en los enchufes aunque solo sea de forma tácita e indirecta.
Y es normal que esté preocupado el presidente. El auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de hecho, ha señalado, por ejemplo, que la instrucción remarcó que "Begoña Gómez Fernández sería la persona física, particular, que ejercería influencia sobre el personal que dirigía la Universidad Complutense de Madrid, prevaleciéndose de su condición de mujer del presidente del Gobierno para conseguir que se adoptara la inmediata decisión de crear una Cátedra Extraordinaria, mediante la cual se benefició, al mejorar su situación académica personal como directora de la misma, y facilitar la obtención de financiación para el desarrollo de un activo patrimonial, como es la herramienta digital de medición del cumplimento empresarial con los objetivos de desarrollo sostenible, ODS, el denominado software, que hizo, o pretendió hacer suyo".
También ha destacado ese escrito que "parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto, y que además recayera en ella la condición de directora, pese a no ser posible, irregularidad que hubo de ser solventada pasados varios meses, lo que comportó el ejercicio de sus facultades sin apenas cortapisa ni control real eficiente".
También destaca que, "de esta manera el 16 de junio de 2018 fue contratada María Cristina Álvarez Rodríguez por la Presidencia del Gobierno según consta en el Tomo XIII, folios 5732, como 'directora de Programas', quedando sus funciones ligadas a la agenda pública institucional de Begoña Gómez. Sin embargo, Begoña Gómez Fernández expone en su declaración que era su amiga, así por su relación de confianza se propuso su contratación. Para el juez Peinado, María Cristina Álvarez Rodríguez no actuaba como mera acompañante ocasional, para actos protocolarios derivados de la agenda institucional de la esposa del presidente del Gobierno sino como asistente y apoyo logístico permanente de la actividad profesional y completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo".
Y anota esa resolución que, "en conclusión, los indicios que existen sobre Begoña Gómez Fernández sitúan su participación en unos presuntos delitos de tráfico de influencias cometidos por particular tanto en relación con la creación de la cátedra como en la intermediación en favor de Juan Carlos Barrabés y malversación de patrimonio público cometida por funcionario público en relación tanto al destino del software como en la utilización para fines privados de su asistente personal, designada como esposa del presidente del Gobierno".