En el editorial de El Programa de Cuesta sobre la presunta corrupción que afecta a diversas instituciones del Estado, se analiza con preocupación cómo la denominada cloaca podría haber penetrado en la Agencia Tributaria. Tras los escándalos que han salpicado a la cúpula de la Guardia Civil, a la Fiscalía General del Estado y a la SEPI —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, bajo la tutela del Ministerio de Hacienda—, Carlos Cuesta se pregunta si el organismo encargado de la recaudación de impuestos también ha visto comprometida su imparcialidad debido a intereses políticos.
Para ilustrar esta sospecha de politización, se contrastan las notables diferencias en el trato recibido por distintos contribuyentes. Mientras que el entorno familiar y personal de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es objeto de un escrutinio minucioso, el presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, conocido como Julio Martínez, parece gozar de una inexplicable impunidad. A pesar de indicios flagrantes de irregularidades, las autoridades tributarias no habrían realizado comprobaciones sobre sus actividades financieras, mostrando lo que se denuncia como un claro trato de favor institucional.
El asunto cobró especial relevancia durante una sesión de la comisión de investigación del Senado, donde el senador del Partido Popular Salvador de Foronda interrogó a la entonces directora de la Agencia Tributaria, quien dimitió de su cargo en medio de la polémica. Al ser confrontada con los datos que demostraban que Martínez no había presentado sus autoliquidaciones del IRPF durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023, la exdirectora se limitó a señalar que desconocía los pormenores del caso, argumentando que tales investigaciones deben seguir sus cauces habituales sin aclarar el motivo de la inacción previa. Ahora, una vez destapado el escándalo y, sin más remedio, Hacienda se ha visto obligada a investigar.
Desde el punto de vista operativo, resulta técnicamente incomprensible que los sistemas informáticos de la Agencia Tributaria no detectaran la situación de 'Julito' Martínez. Estos programas están diseñados para cruzar datos de manera automatizada y emitir una alerta de inspección cuando un ciudadano con un elevado patrimonio no cumple con sus obligaciones fiscales básicas. El sospechoso gestionaba un complejo entramado de 39 sociedades con movimientos de capital superiores a los 4,9 millones de euros, una dimensión económica que bajo circunstancias normales habría provocado una fiscalización inmediata por parte del fisco.