Los ministros de Interior de la UE se reúnen este martes de manera urgente para abordar la invasión sufrida por España en Ceuta. El encuentro se produce en un clima de alta tensión por la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, al que una veintena de países han reprochado su regularización masiva mientras el Ejecutivo les ha acusado de insolidarios.
El Ejecutivo español apelará a la solidaridad y la cooperación internacional apenas tres meses después de negarse a firmar un pacto suscrito por 33 países que va, precisamente, en ese sentido. Tal y como informó Libertad Digital en exclusiva, España se quedó al margen de la llamada declaración de Ereván, del pasado 4 de mayo, que se acordó en la Cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Armenia.
Fue uno de los pocos países, junto a Eslovenia, Hungría o Lituania que decidió no sumarse al acuerdo que, entre otras cosas, promovía una mayor cooperación entre países para aumentar los controles migratorios, incluido el refuerzo de las fronteras "marítimas y terrestres". Un pacto que, ahora, adquiere especial relevancia por la contradicción en la que incurre un Ejecutivo que, tras la invasión, apelará a esos principios que rechazó suscribir.
Al acuerdo se adhirieron Italia, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Alemania, Grecia, Irlanda, Portugal, Polonia, Rumanía, Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Finlandia, Georgia, Letonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Países Bajos, Macedonia del Norte, Suecia, Suiza, Noruega, San Marino, Serbia, Eslovaquia.
El texto recogía la necesidad de colaborar para "mantener un enfoque central en la seguridad, la protección y la integridad efectiva tanto de las fronteras terrestres como marítimas" además de "utilizar todas las herramientas (aprobadas), junto con las políticas y los instrumentos diplomáticos disponibles, para coordinar los esfuerzos internacionales y proteger la integridad de nuestras fronteras".
Promovía, además, una mayor "vigilancia y seguimiento para garantizar que se comparta información actualizada y mecanismos de seguimiento para reforzar la preparación y una respuesta coordinada". Propuestas, todas ellas, que chocaban de plano con la regularización masiva promovida por Pedro Sánchez, y que acababa de empezar a aplicarse en el momento en el que se celebró la Cumbre.
Las advertencias de Europa que Sánchez ignoró
La regularización masiva que, según ha admitido el propio Gobierno, ha beneficiado en realidad a más de un millón de personas -en lugar del medio millón anunciado- es motivo de fricción entre España y el resto de Europa desde hace meses. En el último Consejo Europeo varios líderes de la UE reprocharon a Pedro Sánchez en persona esta medida, ya que afecta a todo el continente.
La concesión de papeles no sólo va en dirección opuesta a las políticas que está adoptado Europa para endurecer los controles migratorios, sino que contraviene el Pacto Migratorio Europeo que obliga a la "coordinación entre países", a la que ahora apela España, y promueve un "endurecimiento de los controles migratorios", justo lo contrario que aplica el Gobierno de Sánchez.
El PP intentó solicitar los documentos por los que fue aprobada esta medida en Consejo de Ministros, dadas las dudas generadas en torno a ella, pero el Gobierno los declaró "secretos" para evitar facilitar información al respecto. Tampoco informó de la misma a sus socios europeos, a los que reclama ahora "solidaridad" después de ignorarles a la hora de aplicar una política migratoria que repercute en el resto de países por el espacio Schengen, que Italia ya ha suspendido.