En una nueva edición de MA Confidencial, se analiza la preocupante situación de la corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez, sugiriendo que ya se puede hablar de una corrupción sistémica dentro del Ejecutivo y del Partido Socialista. La atención judicial se centra ahora en la conocida como trama SEPI, tras revelarse que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz, ha imputado a 25 nuevas personas. Los investigadores estiman que la cifra de imputados y testigos que desfilarán por el juzgado podría superar el centenar de personas en las próximas fechas.
La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) es una de las corporaciones públicas más importantes de España por su volumen de presupuesto y su peso industrial. Según los datos que maneja Libertad Digital, la trama se divide principalmente en dos ramificaciones. Por un lado, la que investiga el amaño de contratos y adjudicaciones públicas de la entidad estatal y, por otro, la vertiente que afecta a la denominada cloaca del PSOE. Esta última contaría con la implicación de figuras como la fontanera socialista Leire Díez o el empresario Javier Pérez Dolset, entre otros, convirtiendo a la corporación pública en un presunto foco de corrupción gubernamental para el cobro de comisiones ilegales.
Entre los nuevos 25 imputados destaca la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, así como la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Concepción Ordiz Fuertes, alto cargo del Ministerio de Hacienda propuesta directamente por la ministra María Jesús Montero. La instrucción judicial apenas está comenzando y estas citaciones suponen solo una primera tanda de una macrocausa que amenaza con salpicar de forma directa a la propia ministra y vicepresidenta del Gobierno, al ser la máxima responsable de Hacienda, ministerio al que está adscrita la corporación estatal.