El Gobierno de Pedro Sánchez prometió, en las horas posteriores a la avalancha, que recurriría a los acuerdos migratorios suscritos con Marruecos para devolver a los inmigrantes que habían cruzado la frontera de manera ilegal. Sin embargo, opta ahora por utilizar la crisis como arma de presión política contra el PP, a pesar de que incluso Rabat ha mostrado voluntad de acogerlos, y ha señalado a la "maraña legal y jurídica española" como impedimento.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró el 31 de julio, antes de la visita de Pedro Sánchez a Ceuta, que "lógicamente" se iba a "establecer el marco" acordado con el país alauita para devolver a quienes habían cruzado la frontera de forma ilegal. Una idea que ningún miembro del Gobierno ha vuelto a repetir desde entonces. En su lugar, todos han señalado a las CCAA del PP para que los acojan.
Este convenio fue aprobado en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ratificado en 2013 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El texto recoge en su artículo 2.3 que, entre los objetivos del acuerdo, está el de "favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social".
El 4.2 señala que Marruecos "identificará al menor y su familia" (...) en un plazo de tres meses a partir de la entrega de la documentación y/o información sobre el menor" por parte de España.
Aunque los menores gocen de una especial protección, una vez analizada su situación, podrían regresar a Marruecos, que fue la puerta de entrada a España. La sentencia del Tribunal Supremo que habría provocado la invasión prohíbe las devoluciones "en caliente" en la frontera marítima, pero no su regreso una vez analizadas las circunstancias.
El interés del menor
Los más de 500 menores que permanecen en Ceuta llevan ya días en la ciudad y, una vez se concluya que su vida no corre peligro, podrían volver con sus padres o los servicios sociales de Marruecos, dado que el interés superior de los menores es permanecer con sus familias, especialmente cuando no disponen siquiera de espacio en los CETI, completamente desbordados.
Esta es la idea que ya deslizó el secretario general del PP, Miguel Tellado, cuando dijo que "debían regresar por donde habían entrado". También la consejera de Juventud de Madrid, Ana Dávila, exigió al Gobierno central que "identifique a los menores, busque a sus familias y retorne a esos menores con sus familias" por el interés superior del propio menor.
Recordó, además, que si los menores no tuvieran familia, "estarían bajo el sistema de protección de Marruecos que, me consta, funciona muy bien", dijo. Incluso el PNV ha pedido que los menores "regresen con sus familias", rechazando acogerlos en el País Vasco. Junts ya ha advertido de que no aceptará su envío a Cataluña.
En contra del criterio de sus propios socios, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha amenazado, incluso, con la Fiscalía si las CCAA no aceptan el reparto de menores. No es la primera vez que el Gobierno utiliza una crisis de este tipo para desviar la responsabilidad hacia los gobiernos autonómicos, especialmente aquellos donde el PP gobierna con Vox, ya que el rechazo de inmigrantes menores forma parte de sus acuerdos.
La formación de Santiago Abascal ya ha advertido en Andalucía y Extremadura de que no aceptará la acogida de esos menores llegados a Ceuta. Este asunto provocó la ruptura de los anteriores gobiernos de coalición de ambos partidos, aunque Vox descarta que está vez se repita. El último reparto que el PP rechazó asumir provocó también fricciones a nivel interno porque el partido gobierna en Canarias con CC, que exigía sacarlos de las islas.