Colar a un empresario en un contrato público es un delito evidente de una gravedad incuestionable. Pero alterar los pliegos de esos mismos contratos para que entren determinados empresarios es aún más grave, puesto que la propia concesión u obra está alterando el diseño inicial para favorecer la presunta corrupción. Pues bien, la UCO tiene el convencimiento de que la operativa de las tramas del PSOE era la segunda. Al menos en lo que respecta a una de las principales tramas en las que se encuentra inmerso Santos Cerdán: la de obras públicas.
Y es que la documentación recabada por la unidad antifraude de la Guardia Civil prueba que el poder de la trama iba desde la selección de las personas que preparaban los pliegos, hasta la negociación directa de las condiciones con los presuntos privilegiados, hasta el diseño de mecanismos para que los competidores se quedaran fuera del contrato. Todo un presunto amaño a gran escala que implica un poder igualmente a gran escala. Y es que esas obras o contratos pasan por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez.
El poder de la trama llegaba hasta los pliegos
Una conversación en concreto ha llamado la atención de la UCO por todo lo que implica. "Se señala que en el momento en el que tuvo lugar el nombramiento de Berlanga como presidente del Consejo de Administración de Enusa (23.07.2018), Vicente Fernández Guerrero ocupaba a su vez el puesto de presidente de la Sepi (23.06.2018 - 04.10.2019). Por otro lado, Enusa [empresa pública del uranio] cuenta con un Comité de Dirección, [cuyo] nombramiento de estos directores sería aprobado por el Comité de Dirección de la SEPI, al tratarse de personal directivo de "primer nivel". Es decir, que todo el esquema se decidía con conocimiento de cargos políticos.
"Resulta relevante destacar que, dentro del marco temporal marcado por la presidencia de José Vicente Berlanga (julio 2018 - diciembre 2021), Leire Díez ocupó el cargo de responsable de comunicación de la sociedad mercantil estatal (desde octubre de 2018 hasta diciembre de 2021)", añade la UCO.
Los investigadores se centran en unos contratos concretos y señalan que "las primeras menciones a esta [operación] no se habrían producido entre los componentes del grupo Hirurok (Antxón Alonso [el socio de Santos Cerdán], Vicente Fernández Guerrero [hombre de la confianza directa de María Jesús Montero] y Leire), sino que se localizan entre Antxón Alonso y el directivo de Acciona Francisco Javier López Buciega, en ese momento director de Servicios Urbanos y Medio Ambiente de esta sociedad". Traducido: los miembros de la trama gozaban de un poder e independencia de actuación incomprensible sin un respaldo claro del Gobierno.
"Así las cosas, el día 17.05.2021, Antxón Alonso recibió procedente de Francisco Javier López Buciega un correo electrónico, que a su vez este había remitido de manera previa a Justo Vicente Pelegrín (entonces director de Acciona Construcción)".
Se trataba de un correo en el que, entre otras cuestiones, "López Buciega expresaba el interés de Acciona en 2 enajenaciones de Enusa referidas a la incineradora de Melilla (Emgrisa) y al Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Cervera del Maestre (UTE). El correo contenía como documento adjunto una carta suscrita por López Buciega, dirigida a Enusa y fechada alrededor de un año antes (30.07.2020), en la que se recogía el interés de Acciona en participar".
En la negociación aparece directamente el socio de Cerdán: "Antxón Alonso responde el 24.05.2021, exponiendo que "voy a solicitar que envíen la información requerida y seguimos valorando". Leire Díez: "Esta cadena de correos de Acciona fue reenviada por Antxón Alonso a Leire Díez, pidiéndole a esta última que lo comentase con Vicente".
La operación se adapta a los intereses de Acciona
Y todo se orientaba a reconvertir el contrato para que le interesara a Acciona: "Vicente Fernández Guerrero, el día 27.05.2021, comunicó a Antxón Alonso a través de Threema [un canal de mensajería secreta] que la semana siguiente tendría una reunión con "Berlanga, el presidente de Enusa", comentándole además que "para entonces sería bueno saber si a Acciona le convence la cuestión de adquirir el usufructo de las acciones que tiene Enusa (a través de Emgrisa) en Remesa (Melilla)".
El problema radicaba en que Acciona, por lo visto, no quería entrar en cuestiones nucleares por "sostenibilidad": "Finalmente, siendo Enusa una empresa relacionada con la energía nuclear, habría que ser especialmente cuidadosos si el negocio supusiese alguna vinculación mercantil con Enusa, por si pudiese ir contra los principios de sostenibilidad de Acciona. En este punto no hay problema alguno porque la titularidad de las acciones en Remsa no la ostenta Enusa, sino una filial participada 100% por Enusa, que se denomina Emgrisa. Emgrisa es una empresa de gestión de residuos que ofrece soluciones para la conservación del medio ambiente, especialmente en materia de suelos y aguas contaminadas, gestión y tratamiento de residuos industriales", señala la documentación de la UCO.
"Algunas de estas contestaciones, en color rojo en el documento, están escritas en primera persona del plural (de ahí que planteemos el usufructo de las acciones y no su enajenación). De este extremo se podría inferir que están redactadas por algún miembro de la empresa pública. Aspecto en el que redunda el hecho de que la propia Leire Díez se encontraba incardinada en el organigrama de la misma", apuntan los miembros de la Guardia Civil. "Posteriormente, Antxón Alonso remitió estos 2 mismos documentos a López Buciega el día 31.05.2021".
Hay más: "Tal y como se observa, Vicente Fernández y Antxón Alonso habrían mantenido una llamada de voz a través de Threema; inmediatamente después de la misma, Vicente Fernández le escribe que "lo que me comentaste ayer de poder introducir algo en el pliego, cuanto antes pueda ser, mejor. Mis contactos allí me dicen que es inminente".
Hasta la asesoría jurídica estaba en juego
La presunta manipulación implicaba incluso a la Abogacía del Estado: "El 17.06.2021 López Buciega remitió un nuevo correo electrónico a Antxón Alonso, evidenciándose del mismo que, en esa fecha, aún continuaban las dudas sobre la adecuación jurídica de la actuación pretendida. En este sentido, el correo electrónico finalizaba diciendo, "de todos modos, considero que convendría saber la postura de la asesoría jurídica de Emgrisa (que entiendo que es la Abogacía del Estado) sobre esta cuestión".
Incluso los autores de los pliegos podían preseleccionarse: "Más tarde, ese mismo día (25.06.2021), Vicente Fernández compartió, esta vez a través del grupo de Threema Hirurok, un documento resumen de una conversación mantenida con José Vicente Berlanga y Charo Arévalo el 24.06.2021, así como de otra celebrada con López Buciega ese mismo día. La referencia a "Charo Arévalo" estaría efectuada a Rosario Arévalol Sánchez, la directora corporativa de Enusa". La UCO hace alusión más tarde a un punto concreto: "La definición del marco conceptual general de las bases del pliego y del contrato de usufructo serán encargados a un catedrático de Derecho Administrativo seleccionado".
La UCO subraya este hecho: "En primer lugar, el hecho de que "la definición del marco conceptual general de las bases del pliego y del contrato de usufructo" fuesen a ser encargados a una tercera persona determinada por el propio Vicente Fernández, siendo los gastos derivados sufragados por Enusa". "Lo que se deduce de lo anterior es que, a través del presidente y la directora corporativa de Enusa, Vicente Fernández iba a tener la capacidad de designar a la persona que iría a desarrollar una serie de trabajos para Enusa. Unido a lo anterior, Vicente Fernández recogió en el documento que "Acciona está dispuesta a ofrecer argumentos y criterios a recoger en el pliego y en el contrato (condiciones de solvencia por ejemplo)". Aparentemente, como consecuencia de la selección del tercero que confeccionase las bases del pliego y del contrato, los investigados presumían en ese momento la capacidad de introducir criterios restrictivos y en beneficio de Acciona en el pliego".