El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, continúa marcando la hoja de ruta para encajar los favores judiciales que demanda el separatismo catalán. En una entrevista concedida este lunes a RNE, el magistrado ha deslizado abiertamente que el recurso de amparo presentado por el expresidente de la Generalidad y prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, podría quedar completamente resuelto "antes de que acabe el año".
El plan del bloque izquierdista del TC arrancará el próximo 22 de septiembre, fecha en la que la corte de garantías iniciará el calendario de deliberaciones sobre los recursos presentados tras el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía. Para engrasar la maquinaria, Conde-Pumpido ha confirmado que la primera carpeta que abordará el Pleno será la del secretario general de Junts, Jordi Turull.
Una 'doctrina vinculante' para maniatar al Supremo
El calendario fijado por Conde-Pumpido establece una secuencia perfectamente calculada: tras abordar el caso de Turull, el órgano dirimirá los recursos de los dirigentes que ya fueron juzgados y condenados por el Tribunal Supremo por el golpe del 1-O —con Oriol Junqueras a la cabeza—, dejando para el final la situación de quienes "estaban fuera de España y en situación de rebeldía", entre los que se encuentra Puigdemont.
El presidente del árbitro constitucional augura que la "doctrina" sobre la amnistía quedará asentada definitivamente entre "septiembre u octubre", momento en el que, según sus palabras, pasará a ser "vinculante".
Con ello, Conde-Pumpido ha lanzado un inequívoco aviso para navegantes a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo: o el alto tribunal rectifica su criterio e inactiva las órdenes de detención y condenas, o el propio Constitucional se encargará de revocar y anular de manera sistemática sus resoluciones: "Una vez que nosotros hayamos establecido esa interpretación, entendemos que el propio Supremo puede, si lo tiene a bien, aplicarla, o si no, pues tendremos que ser nosotros que vayamos dictando una a una las sentencias en los meses sucesivos", ha advertido sin ambages.
Sobre García Ortiz
Preguntado por el recurso interpuesto por la Fiscalía General del Estado frente a la reciente condena impuesta por el Supremo a Álvaro García Ortiz —inhabilitado dos años por un delito de revelación de secretos—, Conde-Pumpido ha evitado entrar al trapo. El presidente del TC se ha escudado en que la tramitación acarreará "una larga duración" que se extenderá "mucho más allá" de la fecha en la que expirará su propio mandato.
Pese a tirar balones fuera, ha admitido que el Constitucional acabará evaluando si la interpretación aplicada contra García Ortiz fue "conforme" a la Carta Magna. Asimismo, ha asegurado que en el pasado se abstuvo en causas que afectaban a fiscales bajo su mando directo, desmarcándose del fiscal inhabilitado al señalar que cuando él ejerció como fiscal general del Estado, García Ortiz ejercía en Santiago de Compostela y no mantenían "ninguna relación específica".
Atasco en la renovación del TC
Por último, en cuanto al vencimiento de mandatos e incertidumbre en la composición del órgano, Conde-Pumpido ha expresado su deseo de que a partir del 30 de septiembre empiece a ponerse en marcha la renovación pendiente del Tribunal Constitucional.
El magistrado ha achacado la demora a las "complicaciones" del sistema de elección —que exige consensos entre PP y PSOE— y a los trámites en los parlamentos autonómicos, retrasados tras los comicios en Extremadura, Castilla y León y Andalucía. Según ha revelado, hasta la fecha solo el Parlamento Vasco ha remitido sus dos candidatos a magistrados para el Senado.