Sandra León comenta en el espacio Socialismo S.L. la deriva de la investigación a Zapatero. A pesar de los múltiples intentos por evitarlo, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrentará el próximo lunes a una nueva tasación de las valiosas joyas halladas en la caja fuerte de su despacho. Este estudio, encomendado a la prestigiosa joyería Yanes, no se limitará a realizar una tasación económica de las piezas —que en su momento fueron valoradas a la baja en 1,3 millones de euros por Ansorena—, sino que profundizará en un aspecto que genera un profundo temor en el entorno del exlíder socialista: determinar el origen geográfico real de dichas joyas.
El expresidente ha intentado por todos los medios recusar a la firma joyera y frenar cualquier nueva tasación, argumentando que ya existía una valoración previa y que una nueva diligencia resulta innecesaria. Sin embargo, el juez Calama, titular del juzgado encargado del caso, ha desestimado de forma tajante sus pretensiones. Para Zapatero, la investigación del origen de las piezas es un asunto crítico, especialmente ante la sospecha de que pudieran proceder de países extranjeros como Arabia Saudí o incluso de Venezuela, lo que podría apuntar a presuntos delitos de contrabando o blanqueo de capitales dentro de una trama criminal más amplia.
Este revés judicial no es el único frente abierto para el exdirigente. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado formalmente que se cite a declarar a Zapatero en calidad de imputado por sus polémicos negocios en Bolivia. Las pesquisas apuntan a que el expresidente habría percibido al menos 200.000 euros procedentes de un grupo empresarial a cambio de mediar para conseguir la condonación de una deuda con el grupo Gloria. Tanto el magistrado como el Ministerio Público rechazan archivar esta ramificación de la causa, pese a las constantes quejas de la defensa, que acusa a la justicia de realizar una "investigación prospectiva".
El juez no se arruga ante Zapatero
La firmeza del juez también se ha manifestado al autorizar el examen pormenorizado de las cuentas bancarias de Zapatero, su esposa, su secretaria Gertrudis y sus hijas. Precisamente, las hijas del exmandatario se encuentran en una situación procesal sumamente delicada, habiendo sido citadas a declarar como imputadas en la Audiencia Nacional el próximo 30 de noviembre. Esta fecha clave sitúa al expresidente ante el dilema moral de asumir la responsabilidad de sus actos o permitir que sus propias hijas carguen con las consecuencias judiciales de la trama de presunta corrupción.
Por si fuera poco, las recientes revelaciones periodísticas publicadas por el diario digital El Debate añaden más presión al caso. Según estas informaciones, el presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, alias Julito, realizaba sospechosos viajes a Caracas con maletas y bolsas repletas de dinero que regresaban vacías a España. Lo más grave de estas operativas es que contaban con la supuesta ayuda de Jesús María Gómez Martín, excomisario del aeropuerto de Barajas y estrechamente vinculado al polémico caso del Delcygate. Este mando policial, que recientemente ha sido ascendido a jefe de la Policía Nacional de Canarias, habría facilitado que el presunto testaferro eludiera los controles de seguridad y escáneres obligatorios para el transporte de grandes cantidades de divisas.