El pasado 22 de septiembre, Carlos Bardem acudió a la concentración de apoyo a Maricarmen y, en pleno ejercicio de solidaridad, acabó llamándola Paquita. Resulta enternecedor que estuviera tan conmovido por su sufrimiento que terminara confundiéndola con otra señora. No quiero decir que le interesaran más las cámaras que la anciana, pero convendrán conmigo en que la escena resume bastante bien el espectáculo organizado alrededor de su desahucio.
Los decretos del Gobierno tenían mucho de eso: mucha exposición de cara a la galería y muy poco que resolviera el problema. Afortunadamente, el Congreso ha derogado ambos. Su caída es una buena noticia, aunque los socialistas pretendan convencernos de que votar en contra equivale a traicionar a quienes necesitan una vivienda.
Llevamos años creando más hogares que casas, por lo que cada vez hay más personas compitiendo por una oferta insuficiente. Necesitamos construir mucho más, reducir los flujos migratorios y facilitar que se alquile lo existente, pero buena parte de las medidas actuaban en sentido contrario.
El primer decreto permitía suspender determinados desahucios hasta 2030 y establecía mecanismos para que la Administración asumiera impagos cuando no ofreciera una alternativa habitacional. Pero, aunque se contemplaran compensaciones, el propietario podía seguir sin recuperar su inmueble. Las compensaciones pueden cubrir pérdidas, pero no devuelven la disponibilidad de lo propio. A ello se añadía una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos.
Es decir, el Gobierno cambiaba las condiciones bajo las que el propietario había decidido alquilar. La consecuencia previsible es que algunos propietarios dejen de alquilar y otros exijan mayores garantías, de modo que quienes tienen menos ingresos pueden terminar siendo los primeros perjudicados por unas medidas presentadas como su salvación.
Los límites a las rentas y los controles sobre alquileres de temporada y habitaciones podían agravar ese efecto. Asimismo, las restricciones a determinadas compras empresariales y las cargas sobre las socimis, pisos turísticos y viviendas vacías podían reducir el atractivo de invertir. No se puede pretender que aumente la oferta mientras se dificulta obtener rentabilidad y recuperar lo invertido.
Había medidas positivas, como las deducciones fiscales o la rebaja del IVA para vivienda protegida, pero insuficientes sin actuar sobre el suelo, las licencias y la construcción. En cuanto a los préstamos de hasta 50.000 euros al 0% para comprar, el problema es evidente: aumentar el dinero disponible sin incrementar suficientemente las viviendas puede terminar financiando otra subida de precios.
El segundo decreto era una barbaridad aún mayor, ya que imponía renovaciones automáticas y obligaba al propietario a indemnizar al inquilino para recuperar su vivienda, salvo determinadas excepciones. Haber cumplido el contrato ya no bastaba: también había que pagar por ponerle fin.
La insistencia en estas medidas resulta más comprensible cuando se examina su utilidad electoral. Su rentabilidad política no depende de que funcionen, sino de que permitan señalar a quien se oponga.
En este sentido, el pasado 17 de septiembre ya anticipé que Sánchez presentaría una gran intervención en vivienda que el Congreso acabaría tumbando, tras lo cual podría asegurar que había intentado solucionar el problema, pero la malvada ultraderecha se lo había impedido.
El problema es que, en mi opinión, la polémica del caso Maricarmen ha precipitado una operación que Sánchez habría preferido reservar para las elecciones. La indignación puede movilizar unos días, pero mantenerla hasta que convenga convocar es más complicado. Y hay un asunto esencial para entender ese calendario: la Ley de Nietos.
PSOE y Sumar han impulsado una enmienda en una reforma educativa para respaldar legalmente la interpretación que amplió el acceso a la nacionalidad, después de que el Supremo suspendiera cautelarmente determinadas inscripciones en el censo exterior. Los letrados del Congreso han advertido de que esa modificación no guarda relación con la norma educativa, pero ni siquiera ese reparo ha frenado su tramitación. Con Pumpido al frente del Constitucional, nuestros queridos socialistas parecen bastante tranquilos.
Es en ese contexto donde encaja el fin de semana de deliberaciones sobre un posible adelanto electoral, esos dos días que se han presentado como otra "reflexión". La investigación judicial sitúa precisamente en la pausa de abril de 2024 el arranque de las cloacas de Leire Díez, investigadas, entre otras muchas cuestiones, por el presunto chantaje al fiscal Grinda con un vídeo sexual y señaladas por sus supuestos contactos con un clan del narcotráfico para apartar a la jueza Biedma.
Ahora sospecho que la reflexión consiste en atar con Junts la enmienda trampa sobre la Ley de Nietos en la reforma educativa y calcular qué compensa más: convocar aprovechando la indignación por la vivienda o esperar a los votos que confía en obtener con ese coladero.
Mientras millones de ciudadanos no pueden independizarse, formar una familia o pagar el alquiler, el Gobierno utiliza esa desesperación como posible tabla de salvación. Maricarmen podrá llamarse Paquita y los decretos podrán servir o no servir, porque la única vivienda cuya pérdida Sánchez no está dispuesto a consentir sigue siendo la misma: la Moncloa.