Carlos Cuesta analiza en El Programa de Cuesta de Libertad Digital la difusión de las grabaciones de audio relacionadas con el grave accidente ferroviario ocurrido cerca de Urda, donde un tren de alta velocidad colisionó con un convoy de la compañía Iryo. Cuesta denuncia que estas comunicaciones han sido filtradas a los medios de comunicación a pesar de que el caso se encuentra bajo secreto de sumario por orden judicial. Según se expone en la tertulia, el objetivo de esta maniobra informativa por parte del Ejecutivo consistiría en desviar el foco mediático para atribuir la responsabilidad a los operarios o a los maquinistas, eludiendo así cualquier tipo de asunción de fallos estructurales en las infraestructuras de la red ferroviaria.
El contenido de las conversaciones telefónicas muestra las dudas y fallos técnicos acontecidos instantes antes del impacto. La maquinista del tren de la compañía privada comunica a la central que ha experimentado una pérdida de transmisión en el sistema de seguridad LZB, lo que provoca que el convoy quede completamente detenido ante la señal de entrada. Por su parte, el centro de regulación autoriza al maquinista del tren de Renfe a reiniciar la marcha una vez restablecido supuestamente el protocolo. Cuesta recalca que resulta inadmisible que en pleno siglo XXI la seguridad del trazado dependa de comprobaciones verbales en lugar de mecanismos geolocalizados automáticos que impidan de forma infalible una colisión por alcance.
En el análisis participa Dieter Brandau, quien califica la maniobra de publicar audios fragmentados y editados como un intento inaceptable de incriminar a profesionales que no pueden defenderse, incluyendo a uno de los maquinistas fallecidos. Durante la conversación se critica la actitud mantenida por el ministro de Transportes, Óscar Puente, y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Brandau señala que el gabinete socialista intenta sortear su responsabilidad técnica y administrativa achacando el siniestro a fallos humanos aislados de los empleados, repitiendo una estrategia de evasión donde se prioriza el blindaje político del Gobierno frente a la transparencia.
Asimismo, los tertulianos denuncian la alteración organizativa que ha sufrido la gestión de la infraestructura tras la reestructuración impulsada en el departamento ministerial. Se recuerda que se desmanteló la Dirección General de Seguridad Ferroviaria para subsumir sus funciones directamente en el gabinete del ministro, prescindiendo de mandos técnicos independientes que pudiesen denunciar las deficiencias de las vías. De igual modo, se subraya el malestar existente entre el colectivo de maquinistas y empleados frente a nombramientos señalados como teledirigidos en Adif, al tiempo que se censura la inacción de sindicatos politizados que evitan exigir responsabilidades contundentes.

