A lo largo de este documento se ha expuesto conveniencia de adoptar un conjunto de decisiones económicas que no son fáciles de tomar ni de ejecutar. El objetivo último de todas ellas es incentivar el crecimiento económico, teniendo en cuenta que nuestra moneda es el euro y que para mantenerse dentro de esa zona monetaria es imprescindible reducir el déficit público hasta alcanzar los objetivos negociados con la Unión Europea y el FMI y sanear totalmente nuestro sistema financiero.

A corto plazo, en uno o dos años, las medidas de control del déficit, -que requerirán subidas de impuestos y reducción del gasto público-, junto con la necesidad de terminar la recapitalización de nuestro sistema financiero, -que se encontrará con muchas dificultades para financiar la actividad de la economía española hasta que ese proceso termine- tendrá efectos recesivos, que sólo podrán superarse si se hacen, conjuntamente, el resto de las reformas que se proponen y que podrían caracterizarse como un “shock de oferta”. Las reformas tienen por objetivo incentivar la inversión, la creación de empresas y el empleo.

La alternativa es una situación de inestabilidad financiera permanente, en la que cada vez sería más difícil controlar el déficit público y refinanciar nuestras deudas privadas. Lo peor que le pueda pasar a la economía española es quedarse sin financiación, lo que supondría la salida del euro y la quiebra de bancos, empresas y familias, y la imposibilidad de mantener el funcionamiento normal del Estado, o un rescate similar al de Grecia, Portugal o Irlanda, para el que, de momento, no hay fondos suficientes. Ése es el espíritu con el que se han redactado la propuesta de decisiones que se consideran.

Las he agrupado en cinco apartados. Lo que no significa que las otras propuestas, las que se hacen en el texto del documento, no sean también necesarias o convenientes.

1. Sistema financiero: Recapitalización con fondos públicos de las entidades financieras que lo necesiten, teniendo en cuenta sus activos en deuda pública de cualquier país, antes del 31 de diciembre de 2011. Transformación jurídica definitiva de las Cajas de Ahorros en Bancos. Aprobación de límites a la compra de deuda pública.

2. Reforma del sistema de convenios colectivos, para que dejen de ser obligatorios. Limitar el tipo de contratos de trabajo, pues todos serán indefinidos, -salvo que sea imposible por su naturaleza-, con una indemnización máxima de 20 días por año trabajado, y un año completo de indemnización. Supresión de subvenciones de todas las administraciones públicas a Sindicatos y Asociaciones empresariales. Junto con la obligación de que Sindicatos y Asociaciones empresariales presenten sus balances y cuentas de resultados en el registro mercantil, como hacen la totalidad de empresas y otro tipo de entidades empresariales y fundaciones en España.

3. Reforma del Sistema Tributario, modificando la estructura y tipos de los principales tributos y tasas, y eliminando el impuesto sobre patrimonio, para incentivar la inversión empresarial y posibilitar el ajuste fiscal acordado con la Unión Europea y el FMI, en la medida en que fuera necesario.

4. Reforma del conjunto de las Administraciones Públicas, incluidos los Entes Empresariales de todo tipo, para evitar duplicidades en las competencias de las diferentes administraciones, así como para eliminar la prestación de servicios impropios por parte de dichas administraciones, con el objetivo último de simplificar la gestión, facilitar las relaciones con los ciudadanos y acometer la reducción del gasto público necesaria para cumplir los acuerdos de control del déficit público con la Unión Europea y el FMI. El ajuste en el gasto debe comenzar por la supresión de Entes Empresariales, la eliminación de la prestación de servicios impropios y la simplificación de los organismos administrativos. Creación de un órgano en el ministerio de Hacienda para controlar la legalidad de las decisiones y las liquidaciones de los presupuestos de autonomías, diputaciones, y municipios, así como sobre las cuentas de las empresas públicas, fundaciones y corporaciones de todo tipo.

5. Las Cortes Españolas deberían aprobar, de acuerdo con las normas constitucionales, las modificaciones legales necesarias para dotar de poderes de coordinación y control de la política económica a los órganos que corresponda en la Unión Europea, por entender que es preciso eliminar incertidumbres, entre los inversores nacionales y extranjeros, sobre nuestra disposición para superar los actuales problemas de endeudamiento público y privado.