El poco recomendable álbum de fotos de Podemos: cocaleros, narcotraficantes, terroristas, golpistas...

Las fotos de Irene Montero y sus amigas en Nueva York no han sentado muy bien a la formación morada que ha salido ahora en tromba con el argumentario de que ellos no se harían nunca fotos en un yate con un narcotraficante, en alusión a la foto de un joven Núñez Feijóo con el entonces contrabandista de tabaco Marcial Dorado. Sin embargo, tanto Irene Montero como otros destacados miembros de Podemos tienen un álbum de fotos con personajes muy poco recomendables.

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Pablo Iglesias e Irene Montero posan con el expresidente de Bolivia, el cocalero Evo Morales.

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Pablo Hasél, violento rapero condenado por apología del terrorismo, con uno de los fundadores e ideólogos de Podemos, Juan Carlos Monedero.

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Irene Montero con Gustavo Petro, político y economista colombiano que fue miembro del grupo terrorista Movimiento 19 de abril, conocido como M-19 o El Eme.

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Pablo Iglesias posa con el golpista catalán, el fugado Carles Puigdemont.

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El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, condenado en septiembre de 2020 a ocho años por corrupción en el caso conocido como "Sobornos 2012-2016".

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María Sevilla, presidenta de la Asociación Infancia Libre, condenada a dos años por secuestrar a su hijo —y posteriormente indultada por el Gobierno de Pedro Sánchez— e impedir que su marido, Rafa Marcos, tuviera contacto con el niño junto a Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el Congreso de los Diputados. A María Sevilla, y a otras secuestraniños, Ione Belarra e Irene Montero las describen como “madres protectoras", pese a los graves delitos que han cometido.

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Pablo Iglesias y Oriol Junqueras, golpista catalán condenado por el golpe del 1-O de 2017, posteriormente indultado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

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Varios miembros de Podemos, entre los que están Pablo Iglesias, Pablo Bustinduy y Noelia Vera, con la colombiana Piedad Córdoba, mediadora con las FARC por su cercanía al grupo narcoterrorista. Aunque fue inhabilitada para cargo público por un periodo de 18 años acusada de colaboración con las FARC, en 2016 el Consejo de Estado levantó dicha inhabilitación por falta de pruebas. Pero en 2022 Ingrid Betancourt acusó a Piedad Córdoba de haber retrasado deliberadamente su liberación "con fines políticos".