El proyecto se inspira y es completamente fiel a lo que fue el espíritu de la Transición. El problema, explican, no es que la Constitución se haya quedado obsoleta por los cambios sociales. Quienes se han apartado de los principios esenciales que vertebran la Carta Magna han sido, en mayor o menor medida, los partidos políticos. Son los efectos de la presión nacionalista y su sobrerrepresentación –que tras las últimas reformas estatutarias han terminado por descuartizar la soberanía nacional– los que se quieren neutralizar con esta propuesta.

Estamos, sostienen desde la plataforma "Por la concordia nacional y la reforma constitucional", ante una realidad jurídica, institucional  y política incompatible con los principios constituciones. De ahí la importancia que adquiere en el texto presentado la consolidación definitiva y estable del sistema autonómico.

Para ello, se plantea desde el Preámbulo se vuelva a definir la unidad indisoluble de la nación española. Propone la reforma que se incluya una referencia al proceso de formación de la unidad nacional española: La unión de las antiguas Coronas de Castilla y León y Aragón y las sucesivas incorporaciones de los territorios históricos vascos y del Reino de Navarra. No podía faltar una referencia a las Cortes de Cádiz que en 1812 aprueban la Constitución que proclama por primera vez la soberanía de la nación española.

También propugna, por necesario, eliminar la distinción entre nacionalidades y regiones. Además, se delimitarán inequívocamente las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. A grandes rasgos, los puntos más importantes de la reforma serían los siguientes. 

• Regulación del castellano que garantice su uso en la educación y en la toponimia en el marco de la verdadera cooficialidad.
• Expresa inclusión de los preceptos de la Ley de partidos.
• Reforma del Senado para convertirla en una auténtica Cámara de representación territorial.
• Reforma electoral y aumento del número de diputados en el Congreso.
• Reforma del sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas fijando las que sean intransferibles.
• Reforma del proceso de aprobación de reformas estatutarias que exija una mayoría de dos tercios de las cámaras autonómicas y de las Cortes Generales.
• Reforma equivalente en el proceso de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
• Recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad como garantía y que no sea un instrumento sujeto a futuras modificaciones en función de quién gobierne.
• Capacidad para legislar con leyes estatales emanadas de las Cortes en aquellas comunidades que se resistan a cumplir la Constitución.