El Año Xacobeo está a la vuelta de la esquina y tanto Galicia, como las principales ciudades, esperan a decenas de miles de visitantes que llamarán a sus puertas. Este fenómeno se producirá en medio de un clima de preocupación por la 'turistificación' de los núcleos urbanos, la cada vez mayor oferta de pisos y viviendas de uso turístico y un escenario en el que la oferta del mercado de alquiler se encuentra en mínimos históricos.
La Xunta cuenta con su propia normativa que, desde el año 2017, supuso la regularización de 9.872 establecimientos de este tipo, aunque existe todavía un número importante de pisos que se sitúan al margen de la legalidad mientras la inspección vigila, principalmente, a aquellos que se encuentran en el registro.
En este sentido son varias las voces que apremian a las administraciones a incrementar el control sobre esta oferta, sobre todo ante la proximidad del Año Santo, el consiguiente incremento del número de visitantes a la comunidad y las consecuencias para los residentes y vecinos, que en ocasiones se ven obligados a marcharse las afueras por el precio y la escasez de vivienda en alquiler.
Un informe elaborado por el Eixo Atlántico insta a regular este fenómeno para evitar el colapso, la masificación y la expulsión de los vecinos de los barrios, a través de medidas de refuerzo de la inspección, un mayor control fiscal y de residentes y una regulación efectiva de esta actividad que ha impactado de forma notable en algunos municipios.
Santiago es la ciudad que cuenta con más altas en el registro autonómico, con 681, seguida de Vigo y La Coruña, que superan las 350 cada una. En cuanto a municipios, destaca especialmente Sanxenxo, donde están registradas 1.728 viviendas de este tipo. El 45,7 por ciento de las registradas, unas 4.500, están dadas de alta en la provincia de Pontevedra, mientras que en La Coruña operan el 37%, en Lugo casi el 13% y en Orense poco más del 3%.
La capital gallega es la única gran urbe de la comunidad autónoma en impulsar una regulación específica para atajar esta situación. El pleno del Ayuntamiento aprobó, con el apoyo del PSOE, BNG y Compostela Aberta, la suspensión cautelar de los procesos de autorización de nuevos usos de alojamiento temporal.
Esta moratoria se extenderá durante un año con el fin analizar la situación urbanística de la ciudad y proponer iniciativas reguladoras ante el fenómeno y las consecuencias del auge de los pisos turísticos. Con esta medida se va un paso más allá de la limitación impuesta a través de la modificación del Plan Especial del Casco Histórico, extendiendo la suspensión a toda la ciudad de Compostela.
El gobierno local mantiene, a su vez, la comunicación con el Gobierno gallego, la administración con competencias en este ámbito. De hecho, la Xunta y el Ayuntamiento participaron el miércoles en la primera reunión de un equipo de trabajo sobre viviendas de uso turístico, en la que acordaron la coordinación entre Policía Local y Autonómica para intensificar la identificación de propietarios, así como del control de inmuebles irregulares.
La Coruña, por su parte, está estudiando la situación de la ciudad y, en concreto, de los casos de viviendas irregulares. Es por ello que rechaza, de momento, aplicar limitaciones a la aprobación de este tipo de inmuebles mientras no sea un problema grave.
La preocupación actual del gobierno dirigido por Inés Rey es comprobar que el número oficial del registro autonómico de vivienda turística se corresponda con la realidad de la localidad y constatar la diferencia respecto a las plazas que existan al margen de la legislación, una cuestión que se está revisando.
El resto de ciudades tampoco planean impulsar su propia ordenación o regulación para limitar la implantación de este tipo de oferta, al menos de momento. El gobierno de Vigo asegura que en la urbe existe un número "limitado" y "no hay quejas" de vecinos al respecto, por lo que la situación está "equilibrada".
Ferrol tampoco prevé tomar medidas al respecto, del mismo modo que Pontevedra, que ya se ampara tanto en la norma de la Xunta como en la normativa marco del Plan Xeral de Ordenación Municipal, que el gobierno local considera "adecuada" para atender este tipo de casos.
Tanto Orense como Lugo, no ven la necesidad de aprobar normativa de forma inminente, puesto que la mayoría de pisos en ambos municipios están registrados y de momento no se ha producido ningún tipo de problemática o distorsión.
En paralelo, el mercado de alquiler ha tocado fondo y el parque disponible, unas 3.350 viviendas, se encuentra "en mínimos históricos", según advierte la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias. Los datos que manejan para las siete principales ciudades sitúan unas 700 en La Coruña, 140 en Ferrol, 120 en Santiago, 120 en Pontevedra, 600 en Vigo, 110 en Lugo y 260 en Orense.
Uno de los principales argumentos con el que explican esta situación es que la rentabilidad "se encuentra cada vez más en el mercado de alquiler de viviendas turísticas". De hecho, según los datos da la Xunta, el 80% de las viviendas de uso turístico regularizadas en Galicia son propiedad de un único titular, lo que podría denotar ese cambio de criterio de propietarios individuales que se dedicaban al régimen de alquiler tradicional.
A pesar de ello, la vivienda de uso turístico no es el único factor, matizan, y el estado del mercado de alquiler se ve afectado tanto por la movilidad laboral, la perdida de poder adquisitivo de las familias, o que Galicia cuente con la renta per cápita y pensiones más bajas de todo el Estado, además de una financiación que requiere de un esfuerzo mayor por parte del comprador.
Benito Iglesias, presidente de Fegein, ha criticado que no exista un parque público de viviendas en alquiler "en un contexto de subidas generalizadas" de precios. En este sentido y con este escenario, será "más que previsible que aumenten considerablemente" las familias gallegas con problemas económicos.
Según los datos de la federación, el 70% de los hogares en arrendamiento llegan con dificultades a fin de mes y el 45,75% del total de hogares en Galicia llegan con dificultad o mucha dificultad. Asimismo la falta de oferta en alquiler contrasta con que el 92% de los jóvenes menores de 30 años solo pueden acceder a una vivienda en arrendamiento, una necesidad que se agrava en ciudades con campus universitarios.
Es por ello que Iglesias urge movilizar hacia el mercado las más de 300.000 viviendas vacías que existen en la comunidad autónoma y crear un parque público-privado de vivienda en arrendamiento en las principales ciudades de Galicia.