Tras dos años de hacer propaganda sobre le
ley de Memoria Histórica para vengar a una parte de las víctimas de la Guerra Civil, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto que no recoge las reivindicaciones de sus principales precursores, IU y ERC, pero enfrenta a unos ciudadanos con otros al reconocer como víctimas sólo a las de un bando. No anula los juicios, prohíbe los actos en el Valle de los Caídos y sólo podrá eliminar símbolos franquistas donde tenga competencias el Estado.
Rajoy ha criticado que el Gobierno olvide lo que dijeron los españoles en 1978 y se dedique a resucitar el pasado.