La Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha aprobado una Instrucción Pastoral titulada "Orientaciones morales ante la situación actual de España", que aborda entre sus temas el terrorismo y la unidad de España. Los obispos reiteran que es "objetivamente ilícita cualquier colaboración con los terroristas, con los que los apoyan, encubren o respaldan". También afirman que "la justicia, fundamento indispensable de la convivencia, quedaría herida si los terroristas lograran total o parcialmente sus objetivos por medio de concesiones políticas que legitimaran falsamente el ejercicio del terror". Asimismo, defendieron a España como un "bien" que debe ser tratado desde un criterio moral y que debe guiarse "por criterios de solidaridad y respeto hacia el bien de los demás".

El portavoz popular, Eduardo Zaplana, deseó "lo mejor" al futuro presidente de RTVE, Luis Fernández, aunque también dijo que "fiscalizarán su actuación en un momento importante" para la radiotelevisión pública. Del mismo modo, Zaplana recordó que el PP rechazó la ley por la que se renovará el Consejo de Administración de la nueva corporación por considerar que favorecía el control del PSOE. Fernández es un periodista formado en el seno del Grupo PRISA. Fue director de los Informativos de la SER, de Canal Plus y de Tele Cinco . Actualmente trabajaba en el grupo Arbol, propietario de La Sexta. El PP ha obtenido un acuerdo por el que tendrá cuatro consejeros en RTVE, el mismo número que el PSOE. Otros dos representarán a los Grupos minoritarios, aunque CiU, ERC e IU ya se arrogan uno, y dos más, a los sindicatos.

La ex alcaldesa de Marbella solicita cobrar el paro. Marisol Yagüe, quien dijo que sufría una fuerte depresión durante su estancia en la cárcel, ha solicitado al Ayuntamiento de Marbella un certificado de empresa que refleja las bases de cotización a la Seguridad Social por la ex alcaldesa marbellí del período que dedicó al consistorio, un documento que pidió para obtener la prestación por desempleo. Yagüe, que ha estado encarcelada más de cinco meses por el "caso Malaya", está acusada de los delitos de cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas y quedó en libertad bajo fianza de 60.000 euros el pasado 13 de septiembre.