La presidente de la federación Española de Familias Numerosas, Eva Holgado, ha exigido al Gobierno la creación de un Ministerio de Familia que permita desarrollar medidas "concretas e independientes de cualquier otro organismo público", con el fin de evitar "desajustes territoriales". En este sentido, el colectivo ha denunciado que hay comunidades autónomas como Andalucía donde las familias están "desprotegidas", u otras en las que "ni siquiera se les presta atención". Holgado también ha demandado más ambición a la hora de plantear políticas de igualdad, para conciliar la familia y el trabajo: "Al final lo que tenemos es una mujer que se encuentra en la tesitura de optar por el trabajo o bien por su familia y esto es absolutamente injusto".

Este domingo se estrena en el Aula Pablo VI en el Vaticano un película sobre el nacimiento de Jesús, Nativity, la primera que se proyecta en la Santa Sede. La entrada será gratuita y recogerá donativos para la construcción de una escuela de un poblado de Galilea. El presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, cardenal Paul Poupard, animó y promovió esta presentación en el Vaticano después de haber visto la película, que dijo, se trata de "una forma estupenda" para prepararse para la Navidad. La historia, dirigida por Catherine Hardwicke, acompaña a José, Jesús y María, en los primeros años del nacimiento hasta que se ven obligados a huir a Egipto perseguidos por el rey Herodes.

La ONU ha pedido con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que los gobiernos intensifiquen la protección de todas las mujeres. Aquí en España, la Fiscal de Sala para la Violencia contra la Mujer, Soledad Cazorla, reconoce que las cifras de víctimas en 2006 –61 fallecidas– "producen desconsuelo" y lamenta que la Ley Integral del Gobierno Zapatero no haya dado los resultados esperados porque "no cambia una sociedad". Desde distintas comunidades autónomas se viene criticando que la escasez de medios con la que se ha afrontado su puesta en marcha ha obligado a algunas –como la de Madrid– a buscar sus propias soluciones con acuerdos con empresas que darán trabajo a las víctimas de la violencia de género.