El episodio del tráfico de explosivos destapado por el diario El Mundo cobra gravedad a cada minuto. Hasta ahora dábamos cuenta de cuatro funcionarios detenidos, dos de ellos compañeros en la comisaría de Vallecas durante el 11-M. Pero lo realmente grave es que, según ha podido saber Libertad Digital, los otros dos han sido detenidos por "revelación de secretos", relacionados con las informaciones del diario que ha puesto sobre la mesa el escándalo del tráfico de explosivos. Uno de ellos, en concreto un inspector, solicita el habeas corpus. Hay también tres civiles arrestados. Las detenciones han sido practicadas por agentes adscritos a la Unidad de Asuntos Internos y a la Brigada Provincial de Información de Madrid.

El magistrado Javier Gómez Bermúdez dijo este viernes que "no es razonable" que la Audiencia Nacional "reinterprete" los delitos relacionados con el terrorismo "ajustándose a la coyuntura de cada momento" porque "ese no es el papel del juez". Por su parte, el Gobierno no se mueve de su apuesta por la negociación con ETA. Las detenciones en Francia no alteran el "claro compromiso con la paz" del Gobierno, según ha indicado la vicepresidenta tras la reunión del Consejo de Ministros. La operación policial, parcialmente frustrada según la Policía, ha permitido verificar que ETA hace acopio de material para fabricar bombas desde hace tres meses.

El humorista Carlos López Aguilar, hermano del ministro de Justicia, ha justificado sus insultos al presidente de la AVT porque "ese tipo de comentarios son habituales en foros de izquierdas". López Aguilar, alias Sorrocloco, ha declarado este viernes en un juzgado de Las Palmas por la querella presentada por la AVT, después de que, en la web Los Genoveses, el humorista llamase "infame tarado" a Francisco José Alcaraz y dijese de él que "le tocó la lotería" el día en que ETA mató de un bombazo a su hermano y a sus dos sobrinas pequeñas. López Aguilar ha dicho al juez que se considera víctima de una "persecución política" por ser hermano del ministro de Justicia. La AVT reitera que es un "privilegio inadmisible" que le permitan declarar en Canarias.