Los analistas consideran a Iberia un objetivo potencial y presa de las tres grandes europeas –British Airways, Lufthansa y Air France-KLM–; no obstante, sólo British Airwahys ha reaccionado a la oferta de compra que Texas Pacific Group (TPG) ha hecho por Iberia. Según Financial Times, BA estaría buscando socios capitalistas para lanzar una OPA por la compañía española, ya que, según The Times, difícilmente podría lanzarse sola debido a las deudas acumuladas, 1.470 millones de euros. Sobre la oferta de TPG, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ha anunciado que "no es una OPA, sino una oferta de compra", al precisar que "mercantilmente son temas distintos". Álvarez ha subrayado que de cerrarse esta operación se mantendría "la españolidad" de la aerolínea.

El recurso presentado por E.On ante la Audiencia Nacional para prohibir una eventual OPA de Enel y Acciona será tramitado por vía ordinaria y no urgente. El Tribunal entiende que "queda meridianamente claro" que "no existe sobre Endesa más OPA que la formulada por E.On". También señala que no hay "compromiso de la CNMV" a aprobar una de Enel y Acciona dentro de seis meses. A pesar de que lamentan que no se haya admitido el requerimiento de urgencia, E.On espera que, con estos argumentos, el mercado no se confunda y quede "bien claro" que "la única OPA que hay en este momento es" la alemana y que "Enel y Acciona no han presentado ninguna oferta".

DOCUMENTACIÓN: Cronología de las OPAS sobre Endesa
La coalición hispano-italiana endurece su ofensiva

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el Real Decreto Ley de la reforma laboral de 24 de mayo de 2002. La sentencia no tiene ninguna consecuencia práctica, ya que la reforma fue retirada por el propio Gobierno del Partido Popular en octubre de aquel año, tras una campaña de presiones de los sindicatos, que incluyó la fallida huelga general del 20 de junio. José María Aznar remodeló su Gobierno, sustituyendo al ministro de Trabajo del llamado "decretazo", Juan Carlos Aparicio, por Eduardo Zaplana. Los recursos de inconstitucionalidad llovieron desde Gobiernos autonómicos gobernados por el PSOE y desde los grupos de la oposición.