L. D. / EFE.-
Las audiencias, que pueden extenderse hasta un año debido al volumen del expediente y los más de 1.500 testigos aceptados por los jueces del Tribunal Oral Federal Número 3, se llevarán a cabo en una sala remodelada especialmente y bajo unas estrictas medidas de seguridad. El centro del debate estará puesto en los días previos al 18 de julio de 1994, cuando la detonación de 300 kilogramos de explosivos redujo a escombros la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), acabando con la vida de 85 personas e hiriendo a otras 300.
Ese atentado estuvo precedido de otro que destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires, el 17 de marzo de 1992, y causó 29 muertos y unos 200 heridos. Ambos ataques se produjeron durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999).
Al juicio llegan veinte ex policías y civiles acusados, cinco de los cuales fueron considerados "partícipes necesarios" del atentado por la supuesta preparación y la entrega de una camioneta que se usó como coche bomba. El civil Carlos Telleldín, el ex comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires Juan José Ribelli y sus antiguos subalternos en la fuerza Raúl Ibarra, Anastasio Leal y Mario Bareiro, pueden ser condenados a reclusión perpetua, el máximo castigo previsto por la legislación argentina, de acuerdo con las penas que se anticipa pedirán los fiscales y las querellas.
Ese atentado estuvo precedido de otro que destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires, el 17 de marzo de 1992, y causó 29 muertos y unos 200 heridos. Ambos ataques se produjeron durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999).
Al juicio llegan veinte ex policías y civiles acusados, cinco de los cuales fueron considerados "partícipes necesarios" del atentado por la supuesta preparación y la entrega de una camioneta que se usó como coche bomba. El civil Carlos Telleldín, el ex comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires Juan José Ribelli y sus antiguos subalternos en la fuerza Raúl Ibarra, Anastasio Leal y Mario Bareiro, pueden ser condenados a reclusión perpetua, el máximo castigo previsto por la legislación argentina, de acuerdo con las penas que se anticipa pedirán los fiscales y las querellas.