L. D. / Agencias.-
Los querellantes alegan que Reno, quien ordenó la redada, violó sus derechos civiles al ordenar que los agentes federales usaran la fuerza en la operación. La redada fue el culmen de un drama que puso sobre la mesa a los exiliados cubanos en Estados Unidos y, por extensión, a la comunidad internacional. Cinco minutos y un despliegue a la altura de una misión antiterrorista fueron necesarios para extraer a Elián González de la casa de la Pequeña Habana.
A las 05.15 horas del 22 de abril del 2000, 121 agentes federales pusieron fin al desafío de Lázaro González, que se negaba a entregar a su sobrino-nieto a las autoridades estadounidenses. 50 personas montaban guardia en el campamento de exiliados que durante cinco meses custodiaban el hogar de los González. La fiscal general Janet Reno y el Departamento de Justicia pillaron por sorpresa a los familiares en una acción relámpago.
De dos monovolúmenes saltaron numerosos agentes del FBI y miembros enmascarados con pasamontañas y cubiertos con cascos de kevlar de la Border Patrol Agency. Después de tirar las vallas metálicas, golpearon la puerta. Uno de los agentes dio una patada a la puerta de la habitación de Lázaro, y se encontró con un desconcertado Elián en brazos de Donato Dalrymple. Elián pasó en seguida a manos de la única agente femenina del numeroso operativo. De allí, fue trasladado a un helicóptero, con destino a una de las islas interiores de Miami Beach, y, después, a manos de su padre.
La acción del Gobierno, que facilitó el regreso de Elián a Cuba, desató la ira de todos los movimientos conservadores del exilio cubano, que habían transformado el caso de Elián en una cruzada para recuperar el espacio político perdido en los últimos años. Cuando se cumple cerca de un año del suceso, el juez ha rechazado la solicitud del Gobierno estadounidense de conceder a Reno inmunidad de responsabilidad personal en el caso.
El juez, sin embargo, descarta los cargos contra la ex comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización, Doris Meissner, y el ex subprocurador general Eric Holder, citando falta de evidencias.
"Un funcionario razonable en la posición de Reno sabría que la ley le prohibía dar instrucciones de ejecutar una orden judicial de una manera que precisara fuerza injustificada contra transeúntes", señaló el juez Michael Moore en el veredicto. Los demandantes reclaman el pago de 100 millones de dólares en indemnizaciones.
Reno, quien se postula para gobernadora del estado de Florida, tendrá ahora que contratar a su propio abogado para que la represente en el caso. Aún sigue pendiente, además, otra demanda presentada contra Reno, Meissner y Holder por los familiares de Elián en Miami. !-->
A las 05.15 horas del 22 de abril del 2000, 121 agentes federales pusieron fin al desafío de Lázaro González, que se negaba a entregar a su sobrino-nieto a las autoridades estadounidenses. 50 personas montaban guardia en el campamento de exiliados que durante cinco meses custodiaban el hogar de los González. La fiscal general Janet Reno y el Departamento de Justicia pillaron por sorpresa a los familiares en una acción relámpago.
De dos monovolúmenes saltaron numerosos agentes del FBI y miembros enmascarados con pasamontañas y cubiertos con cascos de kevlar de la Border Patrol Agency. Después de tirar las vallas metálicas, golpearon la puerta. Uno de los agentes dio una patada a la puerta de la habitación de Lázaro, y se encontró con un desconcertado Elián en brazos de Donato Dalrymple. Elián pasó en seguida a manos de la única agente femenina del numeroso operativo. De allí, fue trasladado a un helicóptero, con destino a una de las islas interiores de Miami Beach, y, después, a manos de su padre.
La acción del Gobierno, que facilitó el regreso de Elián a Cuba, desató la ira de todos los movimientos conservadores del exilio cubano, que habían transformado el caso de Elián en una cruzada para recuperar el espacio político perdido en los últimos años. Cuando se cumple cerca de un año del suceso, el juez ha rechazado la solicitud del Gobierno estadounidense de conceder a Reno inmunidad de responsabilidad personal en el caso.
El juez, sin embargo, descarta los cargos contra la ex comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización, Doris Meissner, y el ex subprocurador general Eric Holder, citando falta de evidencias.
"Un funcionario razonable en la posición de Reno sabría que la ley le prohibía dar instrucciones de ejecutar una orden judicial de una manera que precisara fuerza injustificada contra transeúntes", señaló el juez Michael Moore en el veredicto. Los demandantes reclaman el pago de 100 millones de dólares en indemnizaciones.
Reno, quien se postula para gobernadora del estado de Florida, tendrá ahora que contratar a su propio abogado para que la represente en el caso. Aún sigue pendiente, además, otra demanda presentada contra Reno, Meissner y Holder por los familiares de Elián en Miami. !-->