L. D. / Agencias.-
"El decreto no es conforme ni a la Constitución de Yugoslavia ni a la ley sobre procedimiento penal", indica el Tribunal Constitucional en un comunicado, añadiendo que la mayoría de sus miembros han votado en contra del decreto, aunque sin ofrecer detalles sobre las cifras de la votación.
El citado texto legal fue promulgado el pasado 23 de junio por el Gobierno yugoslavo para hacer posible la entrega de inculpados, en primer lugar la del ex presidente Slobodan Milosevic, pero nunca ha sido aplicado ya que el Constitucional lo suspendió cinco días después.
Presionado por la comunidad internacional, el Gobierno serbio, dirigido por Zoran Djindjic, transfirió a Milosevic a La Haya a pesar de la suspensión del decreto. La cuestión de la cooperación con el TPI, y si esta debe o no regirse por una ley concreta, sigue dividiendo a la clase política yugoslava.
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El citado texto legal fue promulgado el pasado 23 de junio por el Gobierno yugoslavo para hacer posible la entrega de inculpados, en primer lugar la del ex presidente Slobodan Milosevic, pero nunca ha sido aplicado ya que el Constitucional lo suspendió cinco días después.
Presionado por la comunidad internacional, el Gobierno serbio, dirigido por Zoran Djindjic, transfirió a Milosevic a La Haya a pesar de la suspensión del decreto. La cuestión de la cooperación con el TPI, y si esta debe o no regirse por una ley concreta, sigue dividiendo a la clase política yugoslava.
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