L. D. / Agencias.-
Ciertos sospechosos de terrorismo podrán ser detenidos en el Reino Unido sin que la Policía tenga que ponerlos a disposición judicial, según el proyecto que someterá este lunes al Parlamento el ministro del Interior, David Blunkett.
Para ello, Blunkett pedirá a la Cámara de los Comunes la derogación del artículo 5 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la libertad y prohíbe expresamente este tipo de detenciones.
La Convención europea -a la que se adhirió el Reino Unido el año pasado– prevé, en su artículo 15, que los Gobiernos pueden derogar el artículo 5 en tiempos de guerra o "emergencia pública". Para poder disponer, pues, de estos poderes especiales, el Gobierno puede declarar "estado de emergencia pública" la semana próxima.
En términos jurídicos, la medida significa revocar el derecho al "habeas corpus", que obliga a la autoridad a poner a un detenido a disposición judicial, un derecho que es ley en el Reino Unido desde 1679. Esta es la última de las decisiones que ha tomado el Gobierno británico para luchar contra el terrorismo internacional y como respuesta a los atentados contra Estados Unidos del 11 de septiembre.
Según fuentes oficiales, el ministerio británico del Interior pretende aplicar esta nueva legislación "en circunstancias muy limitadas". Un ejemplo puede ser el de un solicitante de asilo político en el Reino Unido que, a juicio de la Policía, es sospechoso de terrorismo y por alguna razón no puede ser deportado. La detención sin juicio tiene algún precedente en este país: cuando se aplicó a presuntos terroristas norirlandeses en la década de 1970 o a ciudadanos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Protestas de organizaciones civiles
Musulmanes y activistas por los derechos civiles se opusieron este domingo a las medidas que a primeros de esta semana presentará el Gobierno de Tony Blair en el Parlamento para luchar contra el terrorismo. Rechazan sobre todo la orden de suspender el artículo 5º de la Convención Europea de Derechos Humanos que garantiza el derecho a la libertad y prohíbe la detención sin proceso judicial.
La suspensión de la Convención europea debe ser aprobada por el Parlamento, donde el Gobierno goza de una amplísima mayoría y espera haber obtenido luz verde antes de Navidad.
El ministro del Interior, David Blunkett, quiere así poner al país prácticamente en estado de alerta y expulsar o mantener detenidos por tiempo indefinido a los extranjeros sospechosos de terrorismo. Blunkett presentará este lunes en el Parlamento una proposición pidiendo la suspensión temporal en el Reino Unido del artículo número cinco de la Convención Europea de Derechos Humanos. Dicho artículo garantiza el derecho a la libertad y estipula que nadie pueda ser detenido sin ser juzgado. Sin embargo, según recoge el artículo 15 de la propia Convención Europea, en tiempos de guerra o en caso de “emergencia pública” un Gobierno puede revocar lo dispuesto en el artículo cinco.
La Administración norteamericana ya ha advertido que Gran Bretaña es uno de los principales objetivos de Al Qaeda, el grupo terrorista que lidera Osama ben Laden, el Gobierno de Tony Blair se va a agarrar a lo de "emergencia pública" para modificar la ley. David Blunkett argumentará este lunes a los diputados de la Cámara de los Comunes que los atentados del pasado 11 de Septiembre representan "una amenaza para el país". "Gran Bretaña ha de protegerse del terrorismo, y en ese sentido tomaremos todas la medidas que sean necesarias", anunciaba el portavoz oficial de Tony Blair.
No es la primera vez que el Reino Unido aplica la detención indefinida de extranjeros. Lo ha hecho en Irlanda del Norte para luchar contra el terrorismo del IRA y también en la Segunda Guerra Mundial y durante la guerra del Golfo.
La expulsión o detención indefinida es una de las normativas más polémicas, pero no la única. La izquierda teme que la ley que quiere equiparar la protección de la libertad religiosa a la protección de las minorías raciales hace temer a muchos que se convierta en una manera de censurar cualquier crítica a cualquier religión.
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Para ello, Blunkett pedirá a la Cámara de los Comunes la derogación del artículo 5 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la libertad y prohíbe expresamente este tipo de detenciones.
La Convención europea -a la que se adhirió el Reino Unido el año pasado– prevé, en su artículo 15, que los Gobiernos pueden derogar el artículo 5 en tiempos de guerra o "emergencia pública". Para poder disponer, pues, de estos poderes especiales, el Gobierno puede declarar "estado de emergencia pública" la semana próxima.
En términos jurídicos, la medida significa revocar el derecho al "habeas corpus", que obliga a la autoridad a poner a un detenido a disposición judicial, un derecho que es ley en el Reino Unido desde 1679. Esta es la última de las decisiones que ha tomado el Gobierno británico para luchar contra el terrorismo internacional y como respuesta a los atentados contra Estados Unidos del 11 de septiembre.
Según fuentes oficiales, el ministerio británico del Interior pretende aplicar esta nueva legislación "en circunstancias muy limitadas". Un ejemplo puede ser el de un solicitante de asilo político en el Reino Unido que, a juicio de la Policía, es sospechoso de terrorismo y por alguna razón no puede ser deportado. La detención sin juicio tiene algún precedente en este país: cuando se aplicó a presuntos terroristas norirlandeses en la década de 1970 o a ciudadanos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Protestas de organizaciones civiles
Musulmanes y activistas por los derechos civiles se opusieron este domingo a las medidas que a primeros de esta semana presentará el Gobierno de Tony Blair en el Parlamento para luchar contra el terrorismo. Rechazan sobre todo la orden de suspender el artículo 5º de la Convención Europea de Derechos Humanos que garantiza el derecho a la libertad y prohíbe la detención sin proceso judicial.
La suspensión de la Convención europea debe ser aprobada por el Parlamento, donde el Gobierno goza de una amplísima mayoría y espera haber obtenido luz verde antes de Navidad.
El ministro del Interior, David Blunkett, quiere así poner al país prácticamente en estado de alerta y expulsar o mantener detenidos por tiempo indefinido a los extranjeros sospechosos de terrorismo. Blunkett presentará este lunes en el Parlamento una proposición pidiendo la suspensión temporal en el Reino Unido del artículo número cinco de la Convención Europea de Derechos Humanos. Dicho artículo garantiza el derecho a la libertad y estipula que nadie pueda ser detenido sin ser juzgado. Sin embargo, según recoge el artículo 15 de la propia Convención Europea, en tiempos de guerra o en caso de “emergencia pública” un Gobierno puede revocar lo dispuesto en el artículo cinco.
La Administración norteamericana ya ha advertido que Gran Bretaña es uno de los principales objetivos de Al Qaeda, el grupo terrorista que lidera Osama ben Laden, el Gobierno de Tony Blair se va a agarrar a lo de "emergencia pública" para modificar la ley. David Blunkett argumentará este lunes a los diputados de la Cámara de los Comunes que los atentados del pasado 11 de Septiembre representan "una amenaza para el país". "Gran Bretaña ha de protegerse del terrorismo, y en ese sentido tomaremos todas la medidas que sean necesarias", anunciaba el portavoz oficial de Tony Blair.
No es la primera vez que el Reino Unido aplica la detención indefinida de extranjeros. Lo ha hecho en Irlanda del Norte para luchar contra el terrorismo del IRA y también en la Segunda Guerra Mundial y durante la guerra del Golfo.
La expulsión o detención indefinida es una de las normativas más polémicas, pero no la única. La izquierda teme que la ley que quiere equiparar la protección de la libertad religiosa a la protección de las minorías raciales hace temer a muchos que se convierta en una manera de censurar cualquier crítica a cualquier religión.
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