L. D. / EFE.-
En su solicitud, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre pidieron a la CIDH "medidas cautelares con el objeto de que el Estado argentino no incurra en una nueva violación al derecho a la justicia". La petición se envió el pasado lunes a Washington, donde tiene su sede la comisión dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), e iba dirigida a su secretario ejecutivo, el argentino Santiago Cantón.
Los organismos humanitarios recordaron que el pasado mes de agosto el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón solicitó la detención con fines de extradición de 18 personas acusadas de delitos cometidos durante la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. También explicaron que se han constituido como "amici curiae" (amigo del tribunal) del juez argentino Gabriel Cavallo, encargado de la petición de Garzón.
El 8 de noviembre pasado el gobierno argentino recibió por vía diplomática la solicitud de extradición de los militares y civiles argentinos presuntamente involucrados en una causa por genocidio, terrorismo y torturas. "Tenemos fundados temores de que el Gobierno argentino no gire a la justicia federal argentina el mencionado expediente y rechace en forma directa la petición de extradición, aduciendo que en estos casos debería imperar el principio de territorialidad, tal como se pronunciara en casos anteriores", dice el escrito presentado ante la CIDH.
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Los organismos humanitarios recordaron que el pasado mes de agosto el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón solicitó la detención con fines de extradición de 18 personas acusadas de delitos cometidos durante la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. También explicaron que se han constituido como "amici curiae" (amigo del tribunal) del juez argentino Gabriel Cavallo, encargado de la petición de Garzón.
El 8 de noviembre pasado el gobierno argentino recibió por vía diplomática la solicitud de extradición de los militares y civiles argentinos presuntamente involucrados en una causa por genocidio, terrorismo y torturas. "Tenemos fundados temores de que el Gobierno argentino no gire a la justicia federal argentina el mencionado expediente y rechace en forma directa la petición de extradición, aduciendo que en estos casos debería imperar el principio de territorialidad, tal como se pronunciara en casos anteriores", dice el escrito presentado ante la CIDH.
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