L. D. / EFE.-
Los ministros de Justicia, Fernando Olivera, de la Defensa, David Waissman, y del Interior, Fernando Rospigliosi, deberán responder por qué respaldaron una denuncia del abogado José Luis Echaiz, que aseguró haber sido secuestrado y conducido hasta la prisión de la Armada en la que está recluido Vladimiro Montesinos, y que hasta la fecha no ha sido aclarada por las autoridades. Tras conocerse que Echaiz era abogado de un miembro de la red de corrupción de Montesinos y que, además, había trabajado para los militares, las dudas sobre la veracidad de la denuncia crecieron.
La denuncia fue rechazada por la Marina de Guerra de Perú, cuyo comandante general Alfredo Palacios fue destituido del cargo por Waisman después de que emitiera un comunicado sin el aparente consentimiento del titular de Defensa. Waisman deberá esclarecer la destitución repentina de Palacios mientras que Rospigliosi será interrogado sobre el motivo por el que acudió a la conferencia de prensa en la que Echaiz hizo su denuncia y que fue convocada y presidida por Olivera, que deberá responder por ello.
La destitución de Palacios originó la reacción inmediata de la oposición en el Congreso, que en una votación apretada logró que saliera adelante su petición para una interpelación, la primera en cuatro años. De acuerdo con los procedimientos parlamentarios, los ministros responderán un pliego de preguntas y, después de un debate, el pleno votará si les brinda su confianza o les censura.
Los ministros estarán obligados a dimitir en el acto si prospera la censura, que no está completamente descartada, aunque técnicamente es improbable. La eventual censura supondría un golpe al Gobierno de Toledo, que asumió el poder el 28 de julio en elecciones anticipadas tras la destitución del ex presidente Alberto Fujimori. Las últimas encuestas ciudadanas indican que el 57 por ciento de los ciudadanos desaprueba la gestión del presidente Toledo, mientras que las protestas sociales se recrudecieron en la última semana y amenazan con arreciar.
El Gobierno ha emprendido una ronda de diálogos destinada a lograr un “acuerdo de gobernabilidad” que asegure la estabilidad democrática, pero después de tres semanas de conversaciones aún no se aprecian resultados. Toledo se ha reunido con empresarios, sindicalistas, líderes regionales y de todas las fuerzas políticas, representantes de las Iglesias, de los colegios profesionales y de otras instituciones en busca de apoyo a su iniciativa y todos se han declarado dispuestos a respaldarla.
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La denuncia fue rechazada por la Marina de Guerra de Perú, cuyo comandante general Alfredo Palacios fue destituido del cargo por Waisman después de que emitiera un comunicado sin el aparente consentimiento del titular de Defensa. Waisman deberá esclarecer la destitución repentina de Palacios mientras que Rospigliosi será interrogado sobre el motivo por el que acudió a la conferencia de prensa en la que Echaiz hizo su denuncia y que fue convocada y presidida por Olivera, que deberá responder por ello.
La destitución de Palacios originó la reacción inmediata de la oposición en el Congreso, que en una votación apretada logró que saliera adelante su petición para una interpelación, la primera en cuatro años. De acuerdo con los procedimientos parlamentarios, los ministros responderán un pliego de preguntas y, después de un debate, el pleno votará si les brinda su confianza o les censura.
Los ministros estarán obligados a dimitir en el acto si prospera la censura, que no está completamente descartada, aunque técnicamente es improbable. La eventual censura supondría un golpe al Gobierno de Toledo, que asumió el poder el 28 de julio en elecciones anticipadas tras la destitución del ex presidente Alberto Fujimori. Las últimas encuestas ciudadanas indican que el 57 por ciento de los ciudadanos desaprueba la gestión del presidente Toledo, mientras que las protestas sociales se recrudecieron en la última semana y amenazan con arreciar.
El Gobierno ha emprendido una ronda de diálogos destinada a lograr un “acuerdo de gobernabilidad” que asegure la estabilidad democrática, pero después de tres semanas de conversaciones aún no se aprecian resultados. Toledo se ha reunido con empresarios, sindicalistas, líderes regionales y de todas las fuerzas políticas, representantes de las Iglesias, de los colegios profesionales y de otras instituciones en busca de apoyo a su iniciativa y todos se han declarado dispuestos a respaldarla.
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