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Nueva York quiere prohibir los carruajes de Central Park: ¿un caso de corrupción?

La primera decisión del nuevo alcalde De Blasio, prohibir los carruajes con caballos, podría pagar favores prestados a su campaña.

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La primera decisión del nuevo alcalde De Blasio, prohibir los carruajes con caballos, podría pagar favores prestados a su campaña.
Uno de los carruajes en Central Park. | Flickr/CC/Mitchell Hall

Como tantas otras cosas de la Gran Manzana, es una imagen icónica que ha formado parte de innumerables películas y series. Los carruajes de Central Park, imán de turistas, forman parte del paisaje de la ciudad desde hace décadas. Pero sus días parecen estar contados. El nuevo alcalde de la ciudad, el izquierdista Bill de Blasio, ha decidido que resulta "inhumano" y nada "apropiado para el año 2014" que los caballos recorran las calles de la ciudad, aunque lo que recorren principalmente son los caminos del parque. Sus sustitutos serían carruajes eléctricos, cuyo atractivo romántico está por ver.

Después de la campaña, frenada en los tribunales, del anterior alcalde Michael Bloomberg contra los refrescos grandes, parece que continúa la tradición de los regidores de Nueva York de meterse donde no les llaman. Sin embargo, en esta ocasión podría haber algo más que preocupación por los animales, especialmente cuando el destino de estos caballos si les prohíben trabajar sería seguramente el matadero, ya que su mantenimiento es muy caro y resulta difícil encontrarles otro uso. Y es que De Blasio ha contado en su campaña con el apoyo económico de un grupo de ecologistas de alto standing liderados por Steve Nislick, un magnate inmobiliario que podría tener sus ojos puestos en los establos de estos animales.

El asunto de los caballos se convirtió en disputa electoral durante las primarias demócratas cuando la organización NYCLASS (Neoyorquinos por unas calles limpias, habitables y seguras) financió una campaña de un millón de dólares contra la candidata Christine Quinn a cuenta de los carruajes. La asociación está liderada por Nislick, que también financió la campaña de De Blasio a la alcaldía. Este empresario dirige Edison Properties, fundada en 1956, que posee aparcamientos, trasteros de alquiler y oficinas.

NYCLASS lleva años intentando prohibir los carruajes, aunque ni ellos ni el nuevo alcalde han dicho nada de las patrullas a caballo de la policía local. Su causa empezó a tener eco a raíz de la muerte de uno de estos animales tras sólo 20 días de trabajo arrastrando carruajes. La Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad a los Animales (ASPCA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado condenando que se hiciera trabajar al caballo pese a sufrir "úlceras en el estómago". Sin embargo, poco después, la autora del comunicado afirmó que "no había pruebas de crueldad" y que había sido objeto de mucha presión para escribir el comunicado. Al parecer, la presión vendría del director de la organización, Ed Sayers, que también es copresidente de NYCLASS.

Pero según denunció el periodista Michael Gross ya en 2009, Nislick tiene el ojo puesto en los establos de estos caballos. Edison tiene una legión de lobbistas a su servicio en la ciudad de Nueva York y varias propiedades en la misma zona que los cinco establos donde viven los caballos de Central Park. En un panfleto escrito por Nislick en 2008 cuando proponía sustituir los actuales carruajes por otros eléctricos –sí, la misma propuesta que la del alcalde–, también dejaba claras sus intenciones reales al admitir que "actualmente, los establos consisten en 6.000 valiosos metros cuadrados construidos en solares que podrían acomodar hasta 14.000 metros cuadrados una vez desarrollados. Estos solares podrían ser vendidos para nuevos desarrollos".

¿Está pagando Di Blasio los servicios prestados? Habrá que esperar para verlo. La iniciativa está contando con cierta oposición y aún debe ser aprobada por el ayuntamiento –en Estados Unidos los concejales se eligen por voto directo en cada distrito y pueden contradecir al alcalde aunque sea de su propio partido– y resistir la previsible oposición en los tribunales de los afectados. Si finalmente se lleva a efecto, habrá que ver quién compra los establos.

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