A través de una carta oficial dirigida a la Casa de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, el Partido Republicano ha recordado a la institución que "hay suficientes contiendas estatales en curso, de modo que todavía no hay un presidente o un vicepresidente electo aparente".
El texto, firmado por Jody Hice, miembro de la cámara por el estado de Georgia, basa su argumentario en el Acta de Transición Presidencial de 1963 y alude a las pruebas generalizadas de fraude:
Los redactores del Acta anticiparon tres situaciones electorales en las que no habría un presidente electo: (1) un empate, (2) una victoria plural, o (3) la presencia de un extenso fraude o intimidación de votantes. El tercero es aplicable a 2020 desde que la campaña de Trump ha planteado preguntas y presentados desafíos legales en varios estados.
Los redactores concluyeron que "si existe alguna duda en la mente del Administrador", el Administrador no tiene que liberar la asistencia para la transición. Dado que los estados aún no han certificado a un ganador electoral y algunos estados todavía están tabulando los votos legales, sigue habiendo dudas sobre el ganador; y el precedente establecido por la Administración Clinton en las controvertidas elecciones de 2000 es que, para determinar un aparente presidente electo, se necesitaría una concesión, que aún no ha ocurrido en 2020, o no más desafíos legales continuos legítimos, que aún no ocurrió en 2020.
Es potestad de las instituciones de la república elegir al presidente democrático de los Estados Unidos. En primera instancia, de los gobiernos estatales, que aún no se han pronunciado de manera oficial. En segunda, del Colegio Electoral, formado por los representantes de cada uno de los estados, cuya reunión está prevista para el 14 de diciembre, si la Justicia no lo impide.
No es, sin embargo, derecho de los medios de comunicación designar al presidente electo, a menos que lo hayan elegido las instituciones estadounidenses, es decir los ciudadanos. Sí lo es, más que derecho, obligación, informar. Tampoco está entre las atribuciones de ninguno de los candidatos declararse ganador de los comicios antes de tiempo, aún menos organizar una Oficina del Presidente Electo sin serlo.
Es un hecho que el proceso electoral no ha concluido. El pulso de los medios a la Constitución de los Estados Unidos en forma ficción mediática contrapuesta a la realidad, secundado por gobernantes y políticos extranjeros, está viviendo un proceso de acentuación en las últimas dos semanas tras cinco años de incesante implantación.
Es de imaginar que si, tras el largo camino judicial en el que han derivado las elecciones del 3 de noviembre, Trump resulta ganador, de un lado, la confianza de la población norteamericana en los medios se verá profundamente mermada y, de otro, las consecuencias legales para muchos actores pueden ser drásticamente graves.