El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha firmado una ley que permitirá al estado sancionar a las empresas de redes sociales con multas de hasta 250 000 dólares al día por expulsar a políticos estatales y de hasta 25 000 dólares al día por hacerlo con funcionarios electos.
La norma, previamente aprobada por la Cámara y el Senado de Florida con el voto en contra de todos los demócratas, sitúa al estado más meridional de los Estados Unidos como el primero en tomar una medida de esta naturaleza respecto al proceder de las denominadas Big Tech. Una iniciativa que aborda desde un punto de vista diferente esta problemática que afecta a Derechos Fundamentales como la propiedad privada, el libre acceso a la información o la libertad de expresión, y ante la que los ciudadanos, empezando por el presidente, se encuentran desamparados.
Pese a que impide eliminar o suspender permanentemente las cuentas de representantes políticos, la ley seguirá permitiendo a redes sociales como Facebook y Twitter imponer suspensiones de hasta 14 días. Las plataformas también podrán eliminar publicaciones si consideran que infringen sus condiciones de servicio.
Trump reside en Florida
El proyecto normativo surgió como una reacción a las medidas adoptadas por Facebook y Twitter para eliminar de sus plataformas al entonces presidente Donald Trump en los momentos en que el debate en torno a las garantías del proceso electoral era más intenso. La censura y posterior expulsión de todas las redes sociales del inquilino de la Casa Blanca dejó un precedente histórico sobre el poder de estas plataformas de moldear la opinión pública.
En el caso de que Donald Trump, cada día más cercano a DeSantis, vuelva a presentarse a las elecciones presidenciales en 2024, esta ley puede convertirse en clave, dado que la actual residencia oficial del expresidente se encuentra en el estado de Florida.
Los demócratas se oponen
Numerosos miembros del Partido Demócrata han criticado la ley desde que se dio a conocer el proyecto, que dificultará la intervención de sus aliados de Silicon Valley en futuras elecciones. Mientras tanto, los republicanos han enmarcado la propuesta como una cuestión de protección de los derechos de la Primera Enmienda. "Este proyecto de ley no es sobre el presidente Trump. Este proyecto de ley es sobre los 22 millones de floridanos y sus derechos provenientes de la Primera Enmienda", ha defendido el representante estatal republicano John Snyder.
En paralelo, Steve DelBianco, presidente de Net Choice, un grupo de presión comercial para las empresas de Internet, cargaron contra la iniciativa legislativa durante su debate, argumentando que se trata de una violación de la Primera Enmienda y de los derechos de las entidades privadas: "La Primera Enmienda deja claro que el gobierno no puede regular la expresión de individuos o empresas privadas. Esto incluye cualquier acción gubernamental que obligue a hablar forzando a una plataforma privada de redes sociales a difundir contenidos que van en contra de sus políticas o preferencias".