Los Estados Unidos reconocieron ciertos derechos individuales que limitaban el ámbito de acción del Gobierno federal en las primeras diez enmiendas a la Constitución, aprobadas pocos años después que éste, en lo que se conoce como Carta de Derechos. Entre ellas se encuentran los derechos al ejercicio religioso, a la libertad de expresión, a portar armas, a ciertas protecciones contra los abusos del Estado, etc. Décadas después, con el impulso de Lincoln y el recién nacido Partido Republicano, se aprobó la decimocuarta enmienda, que obligaba a los estados a respetar esas mismas libertades. Aunque aprobada con el propósito expreso de acabar con la esclavitud, esta enmienda impedía también que las legislaturas estatales aprobaran leyes que restringieran los demás derechos reconocidos en la Constitución dentro de ese territorio.
No obstante, con argumentaciones progresivamente más alambicadas, el Tribunal Supremo ha reconocido como constitucionales otros derechos que no estaban escritos explícitamente en la Carta Magna. Uno de ellos fue el del aborto, en 1973, en el caso de Roe vs. Wade, que incluía el aborto como parte del "derecho a la intimidad" que había decidido incorporar al corpus constitucional unos años antes. Así, por obra de la decimocuarta enmienda, impedía no sólo al Gobierno federal sino también a los estados regular el aborto de acuerdo a la voluntad de sus votantes. A cambio, establecía un régimen de plazos dividido en trimestres que impedía cualquier impedimento o regulación del aborto durante el primero, admitía algunas restricciones menores en el segundo y permitía más libertad en el tercero, a partir del que consideraba punto de viabilidad del feto. Otra decisión de 1992, Planned Parenthood vs. Casey, matizaba en algunos puntos dicho régimen, pero dejaba esencialmente intacto el fallo original.
Se trata de un fallo que fue ampliamente criticado en su día no sólo por el movimiento provida, sino incluso por muchos expertos en Derecho favorables al aborto, pero que reconocían que era un acto de activismo judicial sin base legal alguna. Casi cincuenta años después, el Tribunal Supremo, en un voto de 6-3 en el que han sido determinantes los tres magistrados nominados por Donald Trump, considera que "ha llegado la hora de acatar la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por los ciudadanos", según afirma el juez Samuel Alito, autor del decisión.
La decisión de este viernes dividirá el país entre estados más o menos restrictivos. De hecho, en previsión de este fallo, la mayoría de ellos han aprobado leyes propias en uno u otro sentido. Veintitrés estados han aprobado normas pro-vida, según NC Policy Watch, entre los que se encuentran Florida o Arizona. Por su parte, otros dieciséis estados han ampliado las protecciones al aborto, según el Guttmacher Institute, entre ellas Colorado o Nueva Jersey.
Roe vs. Wade ha sido una de las decisiones más controvertidas y discutidas de la historia del Tribunal Supremo, y posiblemente la principal responsable de que la derecha norteamericana haya convertido el originalismo o textualismo como casi la única forma aceptable de interpretación de las leyes para los jueces que el Partido Republicano ha ido nombrando a lo largo de las últimas décadas. También ha provocado un hecho sin precedentes: que un borrador de la decisión fuera filtrado a los medios en mayo, previsiblemente por alguno de los secretarios judiciales de alguno de los jueces progresistas; una filtración que ha tenido consecuencias terribles para la vida interna del Tribunal, según han reconocido varios de sus miembros, destruyendo la confianza entre los magistrados.
Desde la filtración se han producido más de 40 ataques contra personas e instituciones provida, según documenta la asociación Susan B. Anthony. Sin embargo, lo más notable ha sido el acoso al que se ha sometido a los magistrados del Tribunal Supremo, con manifestaciones constantes frente a sus hogares, un delito federal que la administración Biden se ha negado a perseguir,. Un acoso que no se ha detenido ante nada: mientras los activistas pro aborto publicaran a qué colegio acudían los hijos de Amy Coney Barrett, la policía detuvo a una persona que había volado desde California con la intención y el equipo necesario para asesinar a Brett Kavanaugh. La presión, no obstante, no ha llevado a los magistrados a echarse atrás.