Ha dado la vuelta al mundo la noticia del arresto de Donald Trump por delitos relacionados con el pago de 130.000 dólares en octubre de 2016 a la actriz porno Stormy Daniels. Era el resultado de un acuerdo para que no hablara sobre un supuesto encuentro sexual que el millonario habría tenido con ella en 2006. También están relacionados con pagos a otra mujer que aseguraba haber tenido una aventura con él y un portero que afirmaba que tenía un hijo nacido fuera del matrimonio. Poco después, Trump sería elegido como presidente de los Estados Unidos. El político, estrella televisiva y empresario siempre ha negado las distintas acusaciones que pagó por enterrar; habría pagado para evitar la publicidad negativa en la recta final de campaña.
Pero todo eso da un poco igual, al menos en términos legales, porque lo importante es saber de qué se le acusa, ya que pagar por firmar un acuerdo de confidencialidad no es en sí mismo ilegal. Son 34 delitos de falsedad documental, una cifra a todas luces inflada para hacerlo parecer más de lo que es, porque en realidad todos son el mismo: es como si acusaran a un ladrón que roba 34 bolsos en una tienda por 34 delitos de hurto, cada uno de ellos de un bolso. Dado que los documentos en cuestión son asientos contables, cheques y facturas, ni siquiera esa falsedad sería delito, sino una falta que ya habría prescrito y que como mucho conllevaría el pago de una multa. Para que lleguen al nivel de delito, tendrían que haberse realizado para ocultar o cometer otro delito.
Y eso es lo que se ve en el documento de acusación, en el que cada uno de los 34 cargos termina con una frase: "con la intención de defraudar y de cometer otro delito y ayudar y ocultar la comisión del mismo, realizó y causó una entrada falsa en los registros comerciales de una empresa". Así pues, para que cualquiera de las 34 acusaciones tenga oportunidad de prosperar, el fiscal debe demostrar, primero, que se cometió una falsedad en los documentos; segundo, contra qué personas o entidades Trump cometió fraude con ello, tercero, que lo hizo intencionadamente y, cuarto, qué delito intentaba ocultar. Además, debe demostrar que los delitos, cometidos según la acusación en 2017, no han prescrito seis años aún, porque la falsedad documental lo hace a los dos años y la versión delictiva a la que se acoge Bragg lo hace a los cinco.
La supuesta falsedad documental consiste en haber escrito en cheques, facturas y asientos contables que pagaba los "honorarios" de Michael Cohen, el abogado encargado de realizar los pagos, cuando según el fiscal debía indicar que pagaba los "gastos" de Cohen. Pero si hay alguna norma que obligue a diferenciar entre una cosa y otra, el fiscal Alvin Bragg no la detalla en su escrito de acusación. Quedaría, pues, a expensas de la interpretación legal el que una empresa tenga la obligación de diferenciar entre una cosa y otra. Y dado que es una acusación penal, el listón es especialmente alto.
En segundo lugar, el fiscal debe demostrar que al anotar esos "honorarios" en documentos mercantiles defraudaba a alguna persona jurídica. Bragg no se molesta en detallar en su escrito de acusación a quién defraudaba Trump. Podría tratarse de la FEC, la comisión electoral, pero ésta fue informada por Trump de esos gastos en un formulario donde además los calificó como tales, no como honorarios. Dicha comisión no presentó cargos contra el expresidente. Además, la existencia de ese formulario dificulta sobremanera la supuesta intención de defraudar por parte de Trump, algo para lo que además se requiere que Bragg pruebe que el político estaba suficientemente implicado en la microgestión de todo el asunto como para tomar la decisión él de realizar las anotaciones como honorarios y no como gastos.
Por último, ¿cuál es el delito que supuestamente oculta Trump con esa falsedad documental? Tampoco se detalla en ningún momento en el escrito de acusación. Durante mucho tiempo se pensó que podría tratarse de una contribución ilegal a la campaña de Trump por parte del abogado que hizo originalmente los pagos, Michael Cohen. En Estados Unidos las contribuciones individuales a las campañas están capadas a un máximo de 2.700 dólares. Pero los préstamos no se consideran contribuciones y en el formulario enviado a la FEC se detallaba que Trump había pagado un préstamo a interés cero hecho por Cohen. La comisión le dio su aprobación. Y como Bragg no detalla en ningún momento qué artículo del código penal corresponde al delito ocultado por Trump, no lo podemos saber. Ni nosotros ni, sobre todo, la defensa.
¿Es una acusación política?
Hay que recordar que Hillary Clinton también se vio en problemas por el dinero que pagó a sus abogados para sufragar la redacción del famoso dossier contra Trump en el que se basó toda la histeria de su supuesta colaboración con Rusia, ese que decía que pagó a unas prostitutas en un hotel de Moscú para que le hicieran una lluvia dorada en la misma cama donde durmió Barack Obama en una visita a Rusia. Pero se consideró una falta y se saldó con una multa de 8.000 dólares.
Alvin Bragg llegó al cargo tras una campaña en la que fue financiado por George Soros, como muchos otros fiscales de izquierdas a lo largo y ancho de Estados Unidos, bajo la promesa de que restringiría la acción penal. Actúa bajo la premisa contraria a la teoría de la ventana rota, considerando que faltas y pequeños delitos no deberían llevar castigo. Y, sin embargo, ha elevado una supuesta falta con pena de multa a la altura de 34 delitos, nada menos. No ha hecho nada parecido contra nadie aparte de Trump. Resulta difícil no concluir que la razón es eminentemente política, y que la única razón de que presente cargos es porque se trata de Donald Trump. Algo que podría resultar arriesgado, si no fuera porque el Tribunal Supremo se inventó en 1967 la doctrina de la "inmunidad cualificada" para los funcionarios gubernamentales, de modo que en la práctica no puedan ser acusados de ningún delito por el ejercicio de sus cargos.
Aunque fracase, este asunto languidecerá durante toda la campaña de primarias y, probablemente, la propia campaña electoral. La gran esperanza del Partido Demócrata es que esto facilite la elección del neoyorquino en las primarias republicanas en la que participará como un hombre inocente perseguido injustamente por las cloacas del Estado en manos de los demócratas. A su juicio, Trump es el candidato más débil para enfrentarse a Biden en 2024. Eso no sólo afectaría a las elecciones presidenciales, sino que arrastraría, como suele suceder, a las demás elecciones que se celebran en el mismo día, ayudando a numerosos demócratas a lo largo y ancho del país de un modo en que no sucedería si el candidato fuera, por ejemplo, Ron DeSantis.