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Daniel Rodríguez Herrara, subdirector de Libertad Digital, analiza el próximo juicio contra Donald Trump y su repercusión en las elecciones de noviembre.

Este lunes comienza el primer juicio penal contra Trump: ¿acabará en la cárcel?

Daniel Rodríguez Herrara, subdirector de Libertad Digital, analiza el próximo juicio contra Donald Trump y su repercusión en las elecciones de noviembre.

Este lunes 15 de abril comienza el primer juicio penal contra Donald Trump, quizá el único que se celebre antes de las elecciones de noviembre. De todos ellos, es el más opaco y difícil de entender para el profano, así que vamos a intentar explicarlo.

El fiscal Alvin Bragg, un demócrata cuya campaña fue pagada por Soros, anunció hará cosa de un año 34 cargos contra Trump que, en realidad, es el mismo repetido 34 veces: es como si acusara de 34 delitos de hurto a alguien que roba 34 bolsos en una tienda, un delito por bolso. Pretendió así que el número opacara la naturaleza y gravedad real de los delitos de los que acusa, que son, en el mejor de los casos, una banalidad técnica; en el peor, un fraude del propio Bragg.

Los hechos son los siguientes: en octubre de 2016 Donald Trump llegó a un acuerdo con la actriz porno Stormy Daniels para pagarle 130.000 dólares para que no hablara públicamente sobre una relación sexual que ambos tuvieron cuando Trump estaba ya casado con Melania y que el político siempre ha negado, limitándose a pagar para evitar la mala prensa que conllevaría justo antes de las elecciones. El pago lo hizo el abogado Michael Cohen, una suerte de solucionador de problema al estilo del señor Lobo de Pulp Fiction, al que luego Trump reembolsaría a lo largo de 2017, anotando en cheques, facturas y asientos contables que eran pagos por "honorarios" de Michael Cohen. A delito por anotación es como salen los 34.

Sin embargo, las anotaciones falsas no son delito, como mucho una falta con pena de multa, y eso asumiendo que tuviera intención de cometer un fraude. Para poder perseguirlos como delito debe haber alguien que haya sido perjudicado y deben haber sido escritas para ocultar otro delito. Cuando Bragg anunció su acusación no aclaró de qué delito se trataba, lo cual llevó a numerosos expertos en Derecho, a izquierda y derecha del espectro político americano, a dudar de la base legal del caso. Meses después fue peor, porque obviamente lo tuvo que decir y aquello no tenía ni pies ni cabeza.

El delito que habría ocultado Trump sería un delito de financiación ilegal de su campaña, porque al ser un pago hecho, a priori, para favorecer su victoria electoral, Cohen superó la cifra máxima que podía donar a la campaña de Trump. La mala noticia para Trump es que Cohen se declaró culpable de ese delito para llegar a un acuerdo para rebajar la sentencia de otro delito distinto. La buena, que ni siquiera así la fiscalía federal, que es la responsable de perseguir estos delitos de financiación irregular, decidió acusar a Trump de nada y que se trata de un delito federal sobre el que Bragg no tiene jurisdicción.

Según la definición legal, por mucho que esos pagos tuvieran una intención de ayudar a Trump a salir elegido, no son técnicamente gastos de campaña. De hecho, nadie duda que si ese dinero hubiera salido de la campaña entonces sí hubiese sido acusado por la fiscalía federal, por gastar fondos de campaña en algo que no son gastos de campaña, legalmente hablando.

Además, Bragg debe demostrar que el delito en cuestión perjudica a alguien, y parece que su intención es apuntar a que el hecho de que Trump fuera elegido afectó al derecho inalienable de los demócratas de ganar las elecciones, o algo así.

El caso, en resumen, es una farsa, un fraude, un ejemplo claro de aquel "dime un nombre y yo te buscaré el delito", pero se celebra en Nueva York, con un fiscal que odia a Trump por razones políticas, un juez que odia a Trump por razones políticas y un jurado que, previsiblemente, odiará a Trump por razones políticas. Así que nada garantiza que no lo declaren culpable, por mucho que el asunto no tenga ni pies ni cabeza, como sucedió en la causa civil por la que fue condenado por sobrevalorar sus activos al pedir un préstamo, pese a que el banco que se lo concedió estaba encantado con él como cliente.

¿En qué se traduciría políticamente una condena? Trump la usaría para victimizarse y acusar a los demócratas de aplicarle una ley a él que no aplican a nadie más, cosa que en este caso, para qué engañaros, tiene razón. Biden, los demócratas y los medios, si me disculpan la reiteración, lo usarán para volver a pintarle como un villano de película de terror. Es decir, lo de siempre. Tengo serias dudas que vaya a cambiar muchos votos. Pero podría pasar que se eligiera un presidente condenado por los tribunales e inmerso en recursos a instancias superiores. No queda bonito.

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