El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha otorgado este viernes una contundente victoria a la Administración Trump al poner coto a una de las prácticas más controvertidas del activismo judicial: la capacidad de los tribunales federales para paralizar de forma indiscriminada los decretos del presidente a nivel nacional.
Donald Trump llevaba meses denunciando el abuso de las llamadas suspensiones cautelares a nivel nacional, un recurso empleado por numerosos jueces federales para paralizar la aplicación de medidas del Ejecutivo hasta que se resolvieran los casos que debían juzgar, un proceso que puede durar varios años. La administración de Trump ha denunciado repetidamente estas órdenes judiciales por torpedear sistemáticamente sus políticas, principalmente en materia de inmigración. Un informe del Congreso llegó a identificar 25 de estas medidas cautelares durante los primeros tres meses del Gobierno de Trump, bloqueando desde la deportación de inmigrantes ilegales hasta la financiación de políticas de seguridad.
En un dictamen de gran calado, la mayoría constitucionalista del Tribunal Supremo, con la magistrada Amy Coney Barrett como ponente, ha sido tajante: "Si un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no puede ser que el tribunal se exceda también en sus poderes". La sentencia recuerda a las cortes federales que no ejercen una "supervisión general del poder ejecutivo", sino que su función es resolver casos concretos conforme a la ley.
Derecho de ciudadanía por nacimiento
El fallo, en concreto, anula las medidas cautelares nacionales tomadas en un caso contra el decreto que anula el derecho de ciudadanía por nacimiento en territorio norteamericano, sin pronunciarse sobre si ese derecho está garantizado por la Constitución o si, en caso de no estarlo, un decreto puede resolver el asunto sin pasar por el Congreso. Coney Barret se ha destacado desde que está en el Supremo como una juez especialmente preocupada por casos relacionados con el adecuado procedimiento judicial, y ha sido también criticada desde filas republicanas por haber fallado en contra del Gobierno de Trump en algunos de esos casos.
No obstante, el fallo permite que las medidas cautelares afectadas por este caso sigan en pie durante 30 días para que tanto tribunales como demandantes tengan tiempo a adaptarse a esta nueva situación. Los tribunales siempre podrán aprobar una suspensión cautelar que afecte a los derechos de los demandantes. Además, el fallo también deja la puerta abierta a que en el caso de una demanda colectiva la suspensión cautelar pueda afectar a todos los individuos del grupo representado por dicha demanda, aunque no se haya adherido a ella. Además, algunas leyes concretas, como la que rige sobre las regulaciones de las agencias federales, admiten dentro de su ámbito estas suspensiones cautelares.
Los magistrados izquierdistas se encolerizan
Como era de esperar, la decisión ha desatado la ira de la bancada izquierdista del tribunal. La jueza Sonia Sotomayor, en su voto particular al que se han sumado también las magistradas Kagan y Jackson y que ha leído en público, algo sumamente inusual, ha acusado a sus colegas de "ceder" ante Trump y convertir la Constitución en una "burla solemne", en una airada reacción que evidencia la profunda politización de una parte de la judicatura.
En todo caso, el voto particular de Ketanji Brown Jackson, propuesta por Joe Biden y el miembro más reciente del Tribunal, al que no se ha sumado nadie más, ha ido aún más allá calificando la decisión de sus colegas como "amenaza existencial para el Estado de derecho". Hasta el punto de que Coney Barret se ha sentido obligada a contestarla en el propio fallo en un lenguaje poco habitual en su firmeza, acusándola de no ajustarse a ninguna fuente ni doctrina legal. "No nos detendremos en el argumento de la magistrada Jackson, que es contrario no ya a más de dos siglos de precedentes, sino a la propia Constitución. Solo haremos esta observación: Jackson critica un Ejecutivo imperial mientras apoya una Judicatura imperial", indica el fallo. "Jackson haría bien en seguir su propio consejo: ‘Todos, del presidente hacia abajo, estamos sujetos a la ley’. Eso también va por los jueces".
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha celebrado la noticia como el fin del "interminable aluvión de órdenes judiciales" contra el presidente. Bondi ha agradecido el trabajo de los abogados del Departamento de Justicia y ha garantizado que continuarán "defendiendo con celo las políticas del presidente de Estados Unidos y su autoridad para implementarlas".