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Una nueva ley prohíbe a familias españolas adoptar niños rusos

La recién aprobada Ley Federal N167-FZ paraliza las adopciones de niños por ciudadanos de países que han legalizado el matrimonio homosexual.

Radoslav Yordanov
Niños en una casa de adopción en Rusia | Cordon Press

Muchas familias españolas se han visto afectadas por las últimas modificaciones de la Ley Federal N167 -FZ de Rusia, según las cuales, está prohibida la adopción de niños rusos por parte de "personas unidas por un matrimonio homosexual reconocido y registrado en conformidad con la legislación del estado donde tales matrimonios están permitidos." Todos los procesos de adopción que no han sido concluidos antes del 3 de julio de 2013, fecha de la entrada en vigor de la Ley, "deben ser terminados."

Sin embargo, esta ley no afecta sólo a los llamados matrimonios homosexuales. Tampoco tienen derecho a adoptar niños rusos "personas solteras ciudadanas de los estados en los cuales están permitidos los matrimonios homosexuales" o " personas solteras ciudadanas de estado donde no están permitidos los matrimonios homosexuales, pero que "residen con el carácter permanente en un estado donde los matrimonios homosexuales están permitidos." En estos casos, la única salida que prevé la Ley Federal es "la posibilidad de que el menor de edad sea reubicado en otra familia".

Por otro lado, también se han visto afectadas más de quinientas familias españolas tradicionales, ya que las últimas modificaciones de la Ley Federal paralizaron sus juicios de adopción. Estas familias no podrán adoptar a sus hijos hasta que no se firme un convenio bilateral entre Rusia y España. Libertad Digital se ha puesto en contacto con una de estas familias.

La familia Álvaro, que ya conoció a su niña en la ciudad rusa de Vladivostok, ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que "nos quiten la niña, porque estos niños se pueden adoptar por ciudadanos rusos mientras que están bloqueados los procesos de adopción". Los Álvaro, que llevan dos años en proceso de adopción, confían en que los dos gobiernos "se reúnan cuanto antes y que se pongan de acuerdo por el bien de los niños". "Queremos que las autoridades sean comprensivas, porque ellos también son padres", ha dicho José Álvaro, cuya familia, a pesar de los problemas administrativos, sigue ilusionada con la posibilidad de estar con su hija.

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