Unos 1.400 menores sufrieron abusos sexuales durante 16 años en Rotherham, una localidad al norte de Inglaterra, desde 1997 hasta 2013 ante la inacción de las autoridades locales, que hicieron caso omiso de hasta tres informes que denunciaban los hechos por miedo a parecer racistas. Y es que los culpables eran un grupo de paquistaníes, según denuncia un informe publicado este martes y elaborado por encargo del ayuntamiento de la localidad después de que el diario The Times denunciara el caso.
El escándalo estalló después de que cinco hombres de origen paquistaní fuesen encarcelados en 2010. Niñas de solo once años fueron violadas por varias personas a la vez, mientras otros menores fueron secuestrados, golpeados y llevados a otras ciudades de Inglaterra durante esos 16 años. Algunos niños fueron amenazados con pistolas, rociados con gasolina y obligados a asistir a violaciones por redes paquistaníes de explotación sexual que actuaban en Rotherham y en otras localidades del norte de Inglaterra. La mayor parte de las víctimas fueron niñas, aunque también hay un pequeño número de niños.
"Es duro describir la naturaleza aterradora de los abusos que esos menores sufrieron", indicó este martes en la presentación del documento su autora, Alexis Jay, una antigua trabajadora social. Según Jay, muchas de las pruebas que se presentaron a la policía y las autoridades municipales desde 1997 en Rotherham fueron pasadas por alto y no se tuvieron en cuenta. "Si todas las autoridades implicadas hubieran estado menos preocupadas por sus propias agendas y sus prejuicios, y se hubieran centrado en el bienestar de los niños, muchos de esos menores no habrían sufrido los abusos y la brutalidad de lo que estamos oyendo", apuntó.
Según la autora del informe, el acoso y los abusos a los menores fueron durante años un problema en esa localidad. "Gran parte del personal habló de su nerviosismo para identificar el origen étnico de los culpables por temor a ser tomados como racistas, mientras otros hablaron de que sus jefes les dejaron claro que no lo hicieran", apunta el documento. Al menos un tercio de los abusos sufridos por esos 1.400 niños eran conocidos por las agencias de protección de menores, según el documento.
En septiembre de 2012, dos años después del encarcelamiento de los cinco hombres de origen paquistaní por explotación sexual de niñas, un periodista del periódico The Times, Andrew Norfolk, publicó una investigación en la que se reveló un informe policial de 2010 donde se advertía de que esos delitos se cometían cada año en el condado de South Yorkshire por bandas de hombres asiáticos. En octubre de ese año, el ayuntamiento, la policía de South Yorkshire y agencias de protección al menor establecieron un equipo para investigar esos delitos, si bien ese cuerpo policial negó su inacción a la hora de abordar los abusos sexuales a menores y que el "origen étnico" hubiera sido un factor en sus decisiones.
La oposición pide dimisiones
Tras difundirse dicho documento, un portavoz del Gobierno británico señaló que "los fallos de las agencias locales expuestos en este informe son espantosos". "Estamos determinados a que las lecciones extraídas de los errores del pasado sean aprendidas y que aquellos que han explotado a estos niños sean llevados ante la justicia", agregó el citado portavoz de Downing Street, residencia y despacho oficial del primer ministro británico, David Cameron.
Aunque tras la publicación del informe ha dimitido el alcalde de Rotherham, Roger Stone, la oposición pide más. El que fuera la persona al frente de los servicios de protección al menor del Ayuntamiento de Rotherham entre 2005 y 2010, Shaun Wright, ha pedido disculpas por los fallos cometidos durante esos años, pero sus rivales políticos exigen su cabeza.
El líder del grupo liberaldemócrata del Ayuntamiento de Sheffield, Colin Ross, indicó este miércoles que Wright "era el concejal a cargo de los servicios de menores en el Ayuntamiento de Rotherham y también estuvo con la autoridad de la Policía de South Yorkshire cuando ambas organizaciones fueron conscientes del nivel de explotación sexual a menores, y decidió no hacer nada sobre ello". "Es difícil ver cómo los ciudadanos de esa localidad podrán confiar en él si continúa en ese cargo", agregó Ross.
Por su parte, la eurodiputada del UKIP para Yorkshire y Humber Jane Collins exigió "categóricamente" la dimisión "de todas las personas directa o indirectamente implicadas en este caso". Según denuncian algunos periódicos británicos, aunque los funcionarios que decidieron cerrar los ojos han sido reprendidos, todos continúan en sus puestos.