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El Tribunal Supremo británico declara "ilegal" el cierre del Parlamento decretado por Boris Johnson

Los jueces dicen que la suspensión tiene "un efecto extremo sobre los fundamentos de la democracia".

LD/Agencias
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Los jueces dicen que la suspensión tiene "un efecto extremo sobre los fundamentos de la democracia".
Boris Johnson, durante un debate en el Parlamento británico | EFE

El Tribunal Supremo de Reino Unido ha sentenciado que el cierre parlamentario solicitado por el Gobierno de Boris Johnson es "ilegal", por considerar que perjudica la actividad legislativa y "no hay justificación" para una medida que podría acarrear consecuencias "extremas" para la democracia.

El Supremo ha determinado en primer lugar que tiene competencias para pronunciarse sobre el tema, por entender que analizar los límites de este tipo de suspensiones son también una "cuestión de los jueces" y no forman parte únicamente del debate político.

La corte, que ha reunido a once magistrados para analizar este caso –el mayor número posible–, ha asumido que "no es una suspensión normal" por el tiempo elegido por el Gobierno, en la medida en el que la actividad no se retomaría hasta el 14 de octubre, a 15 días de la fecha del Brexit.

Los magistrados han determinado que la medida de Johnson, a quien corresponde elegir el momento y la duración del cese de las actividades, "ha tenido el efecto de frustrar o impedir que el Parlamento desarrolle sus funciones constitucionales".

"La suspensión es nula y sin efecto", ha explicado la ponente, Lady Hale, que de esta forma ha confirmado que el Parlamento, en términos legales, está activo y puede reunir a sus dos cámaras "cuanto antes". Ahora, corresponde a los órganos legislativos decidir cuándo y cómo retoman la actividad.

La Cámara de los Comunes está ya "considerando las implicaciones de la sentencia del Tribunal Supremo", según su oficina de prensa, aunque el presidente dicho órgano, John Bercow, ha sido de los primeros en celebrar públicamente un fallo que, para el Gobierno, supone el peor resultado posible de todos los que se venían barajando en estos últimos días.

Bercow ha destacado que la corte, al rechazar que se pudiese considerar una suspensión de cinco semanas como una "práctica normal" dentro de la actividad política, "ha defendido el derecho y el deber del Parlamento a reunirse en este momento crucial para controlar al Ejecutivo y hacer que los ministros rindan cuentas".

El presidente de la Cámara de los Comunes, que dimitirá del cargo el 31 de octubre, ha abogado por reunir de nuevo a los diputados "sin demora", para lo cual se ha propuesto consultar "de forma urgente" a los líderes de los distintos partidos con representación.

Corbyn pide la dimisión de Johnson

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, pidió este martes a Boris Johnson que "reconsidere su posición" al frente del Gobierno, después de que el Tribunal Supremo haya declarado "ilegal" su suspensión del Parlamento.

Tras conocer el histórico dictamen, los asistentes al congreso laborista irrumpieron en gritos de "¡Johnson fuera!", secundando la petición de su líder de que se vaya el primer ministro, actualmente en Nueva York para asistir a la asamblea de las Naciones Unidas.

Corbyn celebró que el Supremo haya confirmado que Johnson "actuó mal al clausurar el Parlamento" y que mostró "un desprecio por la democracia".

Indicó que hablará con Bercow para que las cámaras de los Comunes y los Lores puedan ser reconvocadas cuanto antes, a fin de "pedir cuentas" al jefe del Ejecutivo y "exigir que cumpla la ley".

El líder laborista dijo previamente que, si el Parlamento reanudaba las sesiones, lo primero que haría sería impulsar medidas para prevenir que el primer ministro pudiera volver a suspender las sesiones sin un motivo legítimo.

Los diputados y particulares, como la empresaria Gina Miller, que demandaron a Johnson por la suspensión del Parlamento entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre alegaron que lo hizo para evitar que los parlamentarios obstaculizaran sus planes de "brexit".

El líder conservador, que lidera las encuestas de intención de voto en el Reino Unido, ha dicho que sacará al país de la UE el 31 de octubre con o sin acuerdo -a pesar de que hay una ley que se lo impide-.

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