La Comisión Europea se ha dado este martes por enterada de la decisión del Tribunal Constitucional y, en palabras del portavoz de Justicia, Christian Wigand, que esperan "que todas las autoridades nacionales y partes actúen acorde a las reglas y procedimientos a nivel nacional".
Aunque el propio Wigand ha rechazado hablar del fallo del TC en concreto –"normalmente no comentamos decisiones judiciales", ha dicho– fuentes comunitarias sí han explicado que los estándares de la UE requieren que, en las reformas judiciales de calado, antes de iniciar su tramitación se consulte a las partes implicadas como los órganos de jueces, los fiscales o incluso a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en algunos casos. Es decir, lo que el Gobierno no había hecho.
En la práctica, la posición de la Comisión supone un respaldo para la decisión del Tribunal Constitucional, en un momento en el que el que tanto desde el Gobierno como desde los partidos que apoyan el Ejecutivo se ha comentado que la el fallo del Constitucional no tiene precedentes en la Unión Europea. El propio presidente ha amenazado este jueves al TC en una comparecencia desde Moncloa.
Bruselas ha insistido en repetidas ocasiones en pedir a los partidos políticos españoles y al Gobierno la renovación del CGPJ y, también, el cambio en el sistema de elección de sus miembros para que dependa de los propios jueces.