La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha presentado una reforma legal que endurece significativamente las penas a los violadores y asesinos de mujeres, incluyendo la introducción del delito de feminicidio con una pena de cadena perpetua. Medidas contundentes muy diferentes a las tomadas en España y, sobre todo, las del Ministerio de Igualdad que dirigía Irene Montero, que han dejado un legado de más de 1.200 rebajas de condena por su ley del ‘Solo sí es sí’.
El nuevo proyecto de ley en Italia introduce penas de mayor duración. El feminicidio –muerte violenta de las mujeres por razones de género– se tipifica como un delito específico, castigado con cadena perpetua. Se aumentan las penas para la violencia sexual y se establecen restricciones a beneficios penitenciarios para los agresores. Además, se introduce la castración química voluntaria para reincidentes y pedófilos.
También el Ejecutivo italiano refuerza las medidas de protección para las víctimas, garantizando que fiscales las atiendan personalmente en casos urgentes. Con esta ley, el gobierno italiano busca garantizar que los agresores sexuales y asesinos de mujeres reciban un castigo ejemplar, sin posibilidades de rebajas de pena ni beneficios carcelarios.
La iniciativa, que llegó en la víspera del 8M, Día Internacional de la Mujer, fue reivindicada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien afirmó que "hoy el Gobierno ha dado otro paso adelante para combatir la violencia contra las mujeres y proteger a las víctimas". Y es que las cifras en Italia son alarmantes. En 2024, cada tres días un hombre ha asesinado a una mujer.
El desastre de Irene Montero y su "Ley del Sí es Sí"
Mientras Meloni endurece las penas, Irene Montero protagonizó uno de los mayores escándalos legislativos en España con su "Ley del Sí es Sí". La norma, que supuestamente iba a proteger a las mujeres y que si bien fue elaborada desde el Ministerio de Igualdad fue aprobada por todo el Gobierno, terminó beneficiando a violadores y agresores sexuales. El legado de Montero dejó 1.200 reducciones de condena a delincuentes sexuales y más de 100 excarcelaciones de violadores.
Este fracaso obligó a Pedro Sánchez a rectificar la ley, dejando en evidencia la irresponsabilidad de Montero –¡y la suya propia!– en la aplicación de políticas de protección a las mujeres.