El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo para reformar la política comunitaria de retornos de migrantes en situación irregular, un pacto que endurece los procedimientos de expulsión y abre la puerta a la creación de centros de deportación fuera del territorio de la Unión, mediante acuerdos con terceros países.
El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ha celebrado el acuerdo asegurando que supone "poner la casa europea en orden" y que permitirá tener "más control sobre quién puede venir a la Unión, quién puede quedarse y quién debe irse".
Externalización de centros de deportación
La nueva normativa sustituirá una directiva en vigor desde hace casi dos décadas y crea por primera vez un marco legal para que los Estados miembros o la propia UE puedan negociar con países terceros la instalación de centros de retorno.
A estos centros serían trasladadas las personas a las que se haya denegado el asilo y que se encuentren a la espera de ser expulsadas a su país de origen o tránsito, un modelo que se inspira en iniciativas como la impulsada por Italia con Albania.
Estos acuerdos no estaban permitidos hasta ahora conforme al Derecho de la Unión Europea, pero la reforma establece las condiciones para su legalidad, siempre que se respeten los Derechos Humanos, el Derecho internacional y el principio de no devolución (non-refoulement).
La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha defendido que el objetivo es contar con "procedimientos más rápidos, sencillos y eficaces" para los retornos, garantizando el respeto a los derechos fundamentales.
Más tiempo de detención, incluso para menores
Uno de los cambios más relevantes del acuerdo es la ampliación de los plazos de detención de personas en situación irregular mientras se tramita su expulsión. El nuevo marco permitirá hasta 24 meses de detención, con una posible prórroga de seis meses adicionales si no hay colaboración por parte del afectado o si existe riesgo de fuga.
El texto contempla que estas medidas puedan aplicarse también a menores no acompañados y familias con hijos, aunque se establece que deben utilizarse como último recurso y durante el menor tiempo posible en función del interés superior del menor.
El pacto político alcanzado entre instituciones comunitarias deberá ahora pasar por la adopción formal de los Estados miembros y del Parlamento Europeo antes de su entrada en vigor. De aprobarse, supondrá uno de los mayores cambios en la política migratoria europea de las últimas décadas.