Hace unos días, el gobierno de Cristina Fernández anunció su intención de alquilar un avión para la gira de la presidente a Cuba y Asia, y así evitar que el avión presidencial Tango 01 corra la misma suerte que la fragata Libertad, embargada durante más de dos meses en un puerto de Ghana por petición de un fondo de inversión estadounidense.
El propio Gobierno argentino admitió el pasado lunes que el alquiler del avión se hizo a la empresa británica Chapman Freeborn. Sin embargo, parece ser que la operación puede tener cierta ilegalidad. Según informa el diario Clarín, Chapman Freeborn también da servicio a empresas como Desire Petroleum, Falklands Oil & Gas y Oil Spill Response, todas ellas compañías que realizan trabajos de explotación de petróleo en las Islas Malvinas.
El diario señala que los contratos serían normales "sino fuera que la ley 26.659 prohíbe al estado o los particulares argentinos contratar a cualquier empresa que colabore con la búsqueda de petróleo en las islas sin el permiso de la Argentina". Agrega que el contrato lo hizo el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, sin licitación y con el argumento de evitar el posible embargo del avión presidencial fuera de las fronteras argentinas.