No es que su camino haya sido muy fácil durante estos dos primeros años al frente del país, pero lo cierto es que pocas veces Ollanta Humala había atravesado un momento tan complicado y comprometido. Desde que asumió el poder el 28 de julio de 2011, Humala ha tenido algunas crisis que poco a poco se han ido diluyendo y apagando, muchas de ellas relacionadas con proyectos mineros utilizados por algunos grupos de la izquierda peruana más radical.
Esta vez la situación parece ser algo más grave ya que involucra directamente al Congreso y a la elección de los miembros de tres importantes instituciones: el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo. En una votación realizada el pasado miércoles 17, los parlamentarios designaron a los que ocuparían estos importantes cargos. Sin embargo, los medios de comunicación y la población no vieron con buenos ojos este paso y lo calificaron de "repartija", apuntando a un acuerdo entre las fuerzas políticas para repartirse los puestos.
Esto generó inmediatamente una respuesta que lanzó a las calles del centro de Lima una considerable cantidad de ciudadanos que exigían la marcha atrás de la votación y así dar paso a una elección de personajes con antecedentes limpios. A juicio de la opinión pública, muchos de ellos no cumplían con las mínimas exigencias para estar a la altura de las circunstancias. La Policía peruana llegó a cargar contra las protestas celebradas bajo el lema "Vergüenza Nacional".
Con la presión popular, poco después los magistrados electos para el Tribunal Constitucional y la elegida defensora del pueblo declinaron formar parte de las mencionadas instituciones y así conseguir una "ruta de salida" al escándalo político surgido por el supuesto reparto de cargos.
Este martes 22, la sociedad civil volvió a convocar a través de las redes sociales a una manifestación para exigir la anulación de la votación. Esta vez, al menos un policía resultó herido y once personas fueron detenidas. Muchos se han apresurado a traducir este movimiento ciudadano con el de los "indignados" de varios países de la región como Brasil y Chile, aunque a decir verdad la cifra es aún bastante menor.
El último capítulo ocurrió este miércoles 23 cuando el Congreso peruano celebró una sesión plenaria extraordinaria para dejar sin efecto los nombramientos de los tres nuevos directores del Banco Central, los seis jueces del Tribunal Constitucional y el nuevo Defensor del Pueblo. De esta manera se pone punto y final a la polémica suscitada por la posible repartición política de cargos.
Esta situación se enmarca además dentro de las celebraciones del aniversario de la independencia peruana cuya fecha central es el 28 de julio. Ese día, el presidente Humala dará un mensaje a la nación y es muy posible que se refiera a este capítulo en particular, aunque también ya se ha adelantado que no habrá mayores sorpresas. Y todo esto, cuando el presidente apenas cumple su segundo año de su gobierno que culminará aún el 28 de julio de 2016.
Aprobación más baja
En medio de esta difícil coyuntura para el Perú, Humala registra la aprobación más baja desde que inició su gestión, según apuntan las últimas encuestas. El sondeo de la firma Ipsos Apoyo, encargada por el diario El Comercio, señaló que Humala cuenta con un 33% de aprobación, ocho puntos porcentuales menos que el mes anterior y tiene una desaprobación de un 59%.
La encuesta de la empresa GFK, publicada en el diario La República, indicó que Humala pasó de un 39 a un 32% de aprobación, mientras que su desaprobación creció en seis puntos porcentuales hasta situarse en 61%. El miércoles pasado, otra encuesta de la firma CPI también alertó que Humala se encontraba en su nivel más bajo de popularidad al contar con un 35,9% y caer en 13,5 puntos porcentuales en comparación a junio.