La Justicia venezolana emitió este jueves una sentencia sin precedentes, sobre todo por la coyuntura que vive el país desde hace casi tres meses: autoriza a los cuerpos policiales a dispersar las manifestaciones o reuniones públicas que no cuenten con aval previo por parte de la respectiva autoridad competente. Además de eso, el fallo advierte de que el desacato a esta interpretación podría constituir el delito de desobediencia a la autoridad, algo sancionado en el Código Penal.
Según la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la intervención policial se contempla bajo el objetivo de asegurar el derecho al libre tránsito y otros derechos constitucionales, por lo que autoriza el uso de "los mecanismos más adecuados para ello, en el marco de lo dispuesto en la Constitución y el orden jurídico". Esto se anuncia además, poco después de la nueva convocatoria de los estudiantes para marchar este sábado.
Entre las primeras reacciones está la del líder opositor Henrique Capriles. A través de su cuenta de Twitter señaló que "mientras exista este caos y problemas sin respuesta el pueblo seguirá en las calles protestando con o sin TSJ". Además, agregó que "todos los venezolanos incluso con esa sentencia del TSJ tienen derecho a la protesta pacífica que establece la Constitución y punto".
La sentencia del máximo tribunal constituye la respuesta a un recurso presentado por Gerardo Sánchez, alcalde del municipio Guacara, estado Carabobo, en el que se defiende que "los ciudadanos tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley".
Por su parte, el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde consideró –en declaraciones publicadas por el diario El Nacional– que esto "condiciona el derecho a la manifestación pacífica" y agregó que "la insólita sentencia del TSJ deja sometido el derecho a manifestar a la discreción de cada alcalde limitando completamente su ejercicio".