El acuerdo se refiere a las resoluciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que Venezuela no forma parte desde septiembre de 2013, o de organismos de la ONU como el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias o el Comité de Derechos Humanos.
Entre otras exigencias, el texto aprobado exhorta a los jueces, tribunales y funcionarios del Estado "a cumplir y ejecutar de forma inmediata decisiones, resoluciones, informes, opiniones, medidas o actos dictados por organismos internacionales de protección de Derechos Humanos".
Como era de esperar, el grupo minoritario oficialista, partidario del Gobierno, votó en contra del acuerdo y afirmó que viola "las normas básicas del derecho internacional público", al interferir con el principio de la "no injerencia en asuntos internos de los países", según dijo en el pleno el diputado chavista Edwin Rojas.
El texto aprobado pide al Estado a cumplir con los requerimientos realizados por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU que instaron a poner en libertad al opositor Leopoldo López. Asimismo, el documento pide cumplir la recomendación de Naciones Unidas de liberar al exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, detenido en su residencia bajo arresto domiciliario, acusado de promover la violencia durante las protestas que se iniciaron en febrero de 2014. También llama a responder un requerimiento similar del grupo de trabajo de la ONU sobre el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, también arrestado en su residencia pero, en este caso, acusado de "conspirar" contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El acuerdo parlamentario incluye cumplir con recomendaciones similares del grupo de trabajo sobre los detenidos de esas protestas, entre ellos el dirigente Rosmit Montilla, quien fue elegido diputado en las pasadas legislativas y que permanece en prisión. La diputada opositora Yajaira Castro afirmó en el pleno que 67 personas permanecen detenidas en relación con las protestas de 2014.
El acuerdo parlamentario solicita además garantizar la autonomía e independencia de los jueces y fiscales en el juicio contra la exjueza María Lourdes Afiuni Mora, procesada por haber presuntamente facilitado la huida del empresario Eligio Cedeño –acusado de efectuar operaciones cambiarias ilegales–, y se encuentra desde febrero de 2010 en régimen de reclusión domiciliaria, con prohibición de hacer declaraciones a la prensa. Organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos, entre ellas Amnistía Internacional (AI), han solicitado su liberación alegando que en este caso hay una "indebida interferencia política" por parte del Ejecutivo.