Desde que llegó al poder en Venezuela, el chavismo –con las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro– siempre ha buscado presionar a los medios de comunicación independientes y para reforzar su posición, no ha dejado de dictar nuevas leyes en contra de la libertad de expresión y de prensa.
El último episodio que demuestra este acoso ha sido una visita de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a la cadena de televisión Globovisión, situación que generó la protesta de periodistas e incluso del Parlamento. Este miércoles, la Comisión de Medios aprobó un acuerdo de respaldo al canal privado y de rechazo a lo que calificó como un "acto de persecución". Además, rechazó la "actuación política" de Conatel "que intenta de una forma manipulada generar presión y hostigamiento a medios de comunicación independientes al Gobierno".
Vladimir Villegas, periodista con programa en Globovisión, reconoció que el canal tiene la concesión vencida pero que "no la tenemos vencida por irresponsabilidad del canal, sino porque desde hace un año se hicieron todos los trámites y hasta ahora no se ha tenido la respuesta". Por eso se pregunta: "¿Qué es lo que se busca? ¿Cerrar el canal? ¿Mantener algún tipo de zozobra sobre el canal?" Villegas señala que "mantener un canal sin concesión es una manera de tratar de limitar la libertad de expresión y tratar de que la información no fluya al pueblo como tiene que fluir".
La Conatel respondió a estas palabras del periodista y apuntó que "constituye un despropósito y una temeridad argumentar que se busca intimidar a un medio, sin presentar una sola prueba, con base en suposiciones y sospechas mediáticas que sólo buscan deslegitimar la acción del Estado".
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado en el que señala que el gobierno de Venezuela utiliza esta instancia oficial para "presionar a televisoras y diarios independientes". En su comunicado hace referencia a unas declaraciones de Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, quien apuntó que "ante este renovado mecanismo de extorsión contra los medios independientes, las entidades intergubernamentales del continente deberían reaccionar, ya que esta es una prueba fehaciente de que el gobierno de Maduro no le interesa la democracia ni todos los mecanismos internacionales que se han dispuesto para protegerla de los regímenes autoritarios".
La SIP recuerda que "en Venezuela alrededor de 800 estaciones de radio y todas las televisoras tienen sus concesiones de transmisión vencidas" y que "el gobierno mantiene esta situación bajo la amenaza de cerrar administrativamente y bajo apariencias de legitimidad a todo aquel medio que critique al gobierno o divulgue información que el gobierno considera lesivas para su imagen".