En un informe conjunto, Human Rights Watch (HRW) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmaron que los abusos se cometieron durante la Operación Liberación del Pueblo (OLP), iniciada en 2015 y por la que se ha desplegado un gran número de policías y militares en zonas consideradas "violentas".
El director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señaló en un comunicado que "en múltiples redadas a lo largo del país, las propias fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos –-incluyendo asesinatos ilegales– nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección".
Las organizaciones analizaron testimonios de "decenas de residentes de Caracas y de cinco estados (Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia) que afirmaron haber sido víctimas" o haber presenciado abusos a otros durante redadas de la OLP, e investigaron también en los estados de Mérida y Táchira, dice el informe.
En febrero, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo que 245 personas habían muerto en el marco de la OLP en 2015, mientras que "decenas más han sido asesinadas" este año, según HRW. Aunque el Gobierno venezolano ha atribuido esas muertes a "enfrentamientos" con delincuentes armados, las dos organizaciones identificaron "20 casos en los cuales familiares de víctimas o testigos indicaron que no se había producido ningún enfrentamiento". "Hemos podido documentar por lo menos 20 de esas muertes donde la evidencia sugiere que se trató de ejecuciones extrajudiciales", afirmó Vivanco en una posterior conferencia de prensa en Washington.
Un ejemplo es lo ocurrido el 17 de agosto pasado, cuando "agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) asesinaron a Ángel Joel Torrealba, de 16 años, mientras estaba acostado en su propia cama, según contó la madre de la víctima, que presenció el asesinato", apunta el reporte.
Tras consultar documentos oficiales y otras fuentes, Provea y HRW identificaron "3 casos en los cuales se informó que habían muerto agentes de seguridad y 14 en los cuales agentes habrían resultado heridos" en el contexto de las redadas de la OLP. "La enorme desproporción entre los 245 casos de personas muertas violentamente y que solo haya 3 policías que resultaron muertos nos permite llegar a la conclusión de que la versión oficial no es creíble", aseguró Vivanco a los periodistas.
Además, las ONG denunciaron que las fuerzas de seguridad "detuvieron temporalmente a más de 14.000 personas" entre julio y enero, y "menos de 100 fueron finalmente acusadas" de algún crimen; y deportaron a unos 400 colombianos que "habían pedido asilo o eran personas a quienes Venezuela había reconocido la condición de refugiados".
La OLP también incluyó el allanamiento de múltiples viviendas, la expropiación de más de 1.400 casas construidas por el Gobierno bajo el programa llamado "Misión Vivienda" y la demolición de al menos 976 casas en cuatro estados, según Provea. "Nunca hemos visto una cosa de esa naturaleza, ni en Venezuela ni en otro sitio de América Latina", aseguró Vivanco sobre los casos de viviendas destruidas "pasando por encima una aplanadora".
Para el director ejecutivo de Provea, Rafael Uzcátegui, el OLP "es una política que criminaliza la pobreza", porque las redadas se hacen en "sectores marginales", según explicó a los periodistas. En algunos casos, las redadas se hacen como "medida de castigo" a una protesta social y con la excusa de que esas comunidades están invadidas por delincuentes o paramilitares colombianos, agregó.
Las organizaciones instaron al Gobierno venezolano a llevar ante la Justicia "a los agentes responsables de violaciones de derechos humanos", y a "adoptar medidas urgentes para restablecer la independencia judicial" en el país.