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Así será el proceso que puede quitar la presidencia de Brasil a Dilma Rousseff

Rousseff será sometida a un juicio político después de la decisión del Senado brasileño de seguir el proceso por presuntas irregularidades contables.

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Rousseff será sometida a un juicio político después de la decisión del Senado brasileño de seguir el proceso por presuntas irregularidades contables.
Dilma Rousseff. | Cordon Press

Dilma Rousseff ha llegado terriblemente tocada a los Juegos Olímpicos. No lucha por una medalla, sino por mantenerse como presidenta de Brasil. El Senado federal del país que alberga la competición ha puesto en marcha la maquinaria para su revocación. Solo es el siguiente paso de un proceso que previsiblemente finalizará a finales de mes, coincidiendo con la ceremonia de clausura de Río 2016, y que se remonta al 12 de abril de este mismo año. La comisión de Diputados aprobó el inicio de un juicio político a la primera mujer gobernadora de la nación, salpicada por importantes casos de corrupción.

Con 59 votos a favor y 21 en contra, los senadores han aprobado la resolución que supedita el cargo de la presidenta a un nuevo plebiscito. Se celebrará a final de mes y entonces, si 54 de los 81 representantes de la Cámara Alta consideran culpable a Dilma Rousseff, será despojada de su mandato. La líder del Partido de los Trabajadores, reelegida en 2014, cedería el cetro a su segundo de abordo, Michel Temer, quien debería consumir la mitad de la legislatura restante. De hecho, ya ocupa provisionalmente el cargo desde que el pasado 12 de mayo fuera suspendida de sus funciones.

La fecha final del juicio político, es decir, el momento en el que el Senado determinará si Dilma es culpable (política) de las acusaciones de corrupción, es una decisión que establece la Corte Suprema. Habilitará entre tres y cinco días para que comparezcan testigos de la defensa y de la acusación.

El expediente de Rousseff

La actualidad política brasileña pasa desde hace cuatro meses por un término hasta entonces desconocido por muchos. Un "impeachment" o juicio político que aupó a Temer como presidente mientras su superiora quedaba suspendida de su cargo por un plazo máximo de 180 días, en el que aún permanecen sumidos. Esta destitución provisional se enmarca dentro de la investigación que parte de la siguiente premisa: que Dilma Rousseff violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal del Estado.

En concreto, se acusa a la presidenta de violar la legislación respecto a la salud fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien. La denuncia alude en particular a lo que en Brasil se denominan "pedaladas fiscales", que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir compromisos del Gobierno para la balanza de ingresos y gastos. Es una práctica prohibida expresamente por la Ley brasileña. Aunque, tal y como reconoce la oposición, estas maniobras se han utilizado antes, nunca su uso fue tan frecuente ni desencadenó unas consecuencias tan graves, en lo que se ha considerado desde como una "crisis fiscal sin precedentes" en el país.

El escándalo de Petrobras

La mochila de la corrupción tampoco se ha descolgado de Dilma Rousseff en medio de este panorama turbulento. La líder de izquierdas ya ganó las elecciones de 2014 salpicada por un escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Por entonces solo afectaba a cargos menores de su Gobierno, pero a medida que ha avanzado la investigación las imputaciones han escalado en el organigrama. La presidenta también formaba parte del consejo de administración de la multinacional, aunque nadie dudó de su honestidad y hasta hoy no existen testimonios en su contra.

El tesorero de su Partido de los Trabajadores, João Vaccari, fue condenado a cárcel por blanquear los sobornos que exigía en nombre del partido. Apareció el nombre de su antecesor en el Gobierno, Luiz Inácio Lula da Silva, como sospechoso de recibir regalos de las empresas involucradas en la trama y el creador de las campañas del partido desde 2006, el publicitario João Santana, permanece en prisión acusado de recibir millones de procedencia ilegal para financiar los actos electorales.

La inocencia del actual presidente en funciones, el vicepresidente Michel Temer, también está en entredicho aunque no está siendo investigada. Varios imputados pusieron sobre la mesa su nombre por haber recibido sobornos de constructoras, lo que en España sería un cohecho, e intermediar en la adjudicación de cargos en áreas estratégicas de la petrolera.

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