El acuerdo paz anunciado entre el Gobierno de Colombia y los terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha dejado satisfecho a buena parte de los colombianos y de la comunidad internacional.
Desde EEUU, donde Barack Obama ha felicitado a su colega Juan Manuel Santos, hasta gran parte de los países de la región, pasando por organismos como las Naciones Unidas (ONU) o la Unión Europea. Todos ellos ven este acuerdo como un paso histórico para la paz después de 52 años de actividad terrorista con una estimación de unos 250.000 muertos y casi 50.000 desaparecidos.
El expresidente Álvaro Uribe es uno de los más se ha opuesto a este proceso. De hecho, después de conocerse el acuerdo, se preguntó a través de Twitter si en casos de delitos de lesa humanidad se eliminará la impunidad, si entregarán el dinero, o si responderán por crímenes relacionados por el narcotráfico. Su nombre también fue mencionado por Santos este miércoles: "Esta paz pertenece también a mis antecesores: a Belisario Betancur, a Virgilio Barco, a César Gaviria, a Ernesto Samper, a Andrés Pastrana y a Álvaro Uribe. Todos la buscaron y abonaron el terreno para este gran logro".
Todo depende ahora de lo que ocurra el domingo 2 de octubre, fecha señalada por Santos para celebrar un referéndum en el que los colombianos podrán opinar sobre el acuerdo. El presidente fue claro en su mensaje: "Les prometí que ustedes tendrían la última palabra, ¡y así será!". La aprobación del acuerdo debe captar al menos el voto positivo del 13% del padrón electoral, equivalente a 4,3 millones de sufragios, una cifra que según las últimas encuestas, podría lograrse.
El texto del acuerdo es ya público y así todos los medios de comunicación colombianos lo comparten y además comienzan a analizarlo. Hay temas que han sido muy sensibles durante las negociaciones como la participación de los terroristas en la vida civil y política, la posición de las víctimas o la situación de los terroristas presos.
Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la presencia de las FARC en la vida política. Se espera que comiencen a funcionar como partido político una vez que se haya confirmado el desarme, proceso que estará vigilado por una misión de la ONU. Cuando esto ocurra podrán participar ya en los procesos electorales. Lo que ha confirmado el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, -en una entrevista al diario 'El Tiempo'- es que, cuando cumplan con sus obligaciones, tendrán asegurados cinco escaños en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes durante las elecciones legislativas de 2018 y de 2022. Es decir, tendrán representación aunque no lleguen a la votación mínima en esos dos procesos.
Entre lo acordado también está la creación de un grupo de verificación de los principales puntos del texto. Estarán países garantes del proceso: Noruega, Cuba, Venezuela y Chile. Ellos también tendrán que estar atentos al proyecto de ley de amnistía contemplada. Juan Fernando Cristo apuntó al mismo diario que esto será de lo primero que se hará ante el Congreso una vez celebrado el referéndum. Esto, dice, será para los terroristas "que no hayan cometido crímenes de guerra ni delitos de lesa humanidad". Preguntado acerca de los líderes terroristas, el ministro señaló que "la amnistía es para los guerrilleros rasos que no hayan cometido ningún delito grave", sin dar más detalles.