Según el texto hecho público este jueves, las cancillerías de los países creen urgente "que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, y que se establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas".
El documento indica que la suspensión de un país miembro (como pidió el secretario general de la Organización de Estados Americanos-OEA, Luis Almagro, para Venezuela) "es el último recurso y que antes de esa decisión deben agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable".
La declaración la firman Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay. Estos países son del llamado "grupo de los 15", como se les conoce ya en los pasillos de la OEA, cuyo liderazgo se atribuye a México y al que también pertenece Belice, pero que no se suma en esta ocasión por neutralidad al ostentar la presidencia de turno del Consejo Permanente, según explicaron fuentes diplomáticas.
Los 14 países firmantes se declaran "profundamente preocupados por la situación que atraviesa la hermana República Bolivariana de Venezuela" y declaran su "compromiso con la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos en el marco de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana". Prometen evaluar "con detenimiento" el informe que Almagro publicó el 14 de marzo, en el que pedía aplicar la Carta Democrática para suspender a Venezuela si no convoca elecciones en 30 días, y lo analizarán "con miras a acordar el curso de acción que corresponda dentro de la organización".
Reiteran su apoyo al "diálogo y la negociación" para solucionar "los problemas" que afronta el pueblo venezolano y por ello hacen "un llamado para que se cumplan a cabalidad los acuerdos alcanzados en el marco de las mesas establecidas durante el proceso de acompañamiento impulsado por los expresidentes y la Santa Sede". "Y avancen -prosigue- en la pronta identificación de soluciones concretas, con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas".
Concluyen ofreciéndose a "colaborar con el pueblo y el Gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos, económicos y sociales de ese país". "Y nos mantendremos atentos a los esfuerzos para abordar estos desafíos durante las próximas semanas a fin de considerar los próximos pasos necesarios", termina.